HISTORIA CONTEMPORANEA - TEMA 2. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL I. LA PRIMERA GUERRA CARLISTA. (GUADAHUMI4)

TEMA 2 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL

I. LA PRIMERA GUERRA CARLISTA.

A la muerte de Fernando VII, su hermano Carlos reclamó los derechos al trono.

Posteriormente, se produjeron levantamientos armados a favor de Don Carlos. El conflicto sucesorio evolucionó hacia una guerra civil.

1 Apoyos y programa del carlismo. 

Los carlistas encontraron apoyos en la pequeña nobleza rural, el bajo clero, algunos oficiales reaccionarios del ejército y pequeños propietarios campesinos. Este apoyo obedece a diversas razones, entre ellas: el temor a la desaparición de los privilegios fiscales y mayorazgos; la pérdida de

exclusividad de los mandos del ejército por los segundones de la nobleza; temor a nuevas desamortizaciones y la abolición de los diezmos, en el caso de la iglesia; la pérdida de exenciones fiscales en el caso del campesinado vasco. En cuanto a su implantación geográfica, el carlismo fue especialmente fuerte en Navarra, el País vasco, el Maestrazgo y la región al norte del río Ebro.

Si hubiera que resumir en unas pinceladas la ideología carlista, destacaríamos los siguientes puntos de su programa: la defensa del Antiguo Régimen, esto es del absolutismo y de la sociedad estamental; el integrismo religioso, en lo que significaba

de oposición a la libertad religiosa, rechazo de toda desamortización y defensa de los diezmos y otros privilegios eclesiásticos; inmovilismo ante cualquier cambio ideológico y ante cualquier reforma liberal; fidelidad a la patria, entendida como un conjunto de

tradiciones y normas, costumbres y creencias recibidas de los antepasados; resistencia a la industrialización y al capitalismo. Posteriormente, añadieron a su programa el

mantenimiento de los fueros vascos y navarros para atraerse a esta población, frente al centralismo liberal.

2 Desarrollo de la guerra. 

Desde el punto de vista militar, la guerra civil entre carlistas e isabelinos tuvo tres etapas diferentes.

La etapa inicial, entre 1833 y 1835, es un periodo de éxitos carlistas, a pesar de que la actuación de los capitanes generales a la muerte de Fernando VII limitó la trama conspiratoria. Carlos retorna de Inglaterra, donde se había refugiado tras la caída de los absolutistas en Portugal, en julio de 1834. La labor de Zumalacárregui, figura clave, sin duda, de esta etapa carlista, consiguió reunir un ejército de 35.000 hombres y el dominio de grandes espacios rurales en el País Vasco, pero fracasó en la toma de las capitales, especialmente la ciudad de Bilbao, considerada vital para el carlismo para obtener

crédito y reconocimiento internacional. En Cataluña y el Maestrazgo se levantaron partidas, base de un posterior ejército regular a cargo de Cabrera. Se trata, además, de una guerra caracterizada por la extrema crueldad en ambos bandos con ejecuciones

sistemáticas de prisioneros y civiles.

La segunda etapa, entre 1836-1837, se caracteriza por su proyección expedicionaria. A partir de 1835, tras la muerte de Zumalacárregui y el levantamiento del sitio de Bilbao, el predominio carlista se refleja en la realización de expediciones por el norte, hacia Castilla y Madrid. El Carlismo ensayó la ruptura de su confinamiento bajo la presión de los liberales y salió para contactar y consolidar resistencias de focos distantes entre sí. Se trataba de pequeñas columnas, bien pertrechadas y con mucha

movilidad. Mientras tanto, en el ejército liberal, Espartero asumió el mando tras el éxito en Bilbao, y tuvo que afrontar esa ofensiva carlista. Las expediciones más destacadas fueron la del general Guergué en Cataluña, la de Gómez, que recorrió durante seis

meses todo el territorio, llegando a ocupar Segovia, Valladolid, Córdoba y alcanzando Cádiz, y, sobre todo, la expedición real, en 1837, que, tras pasar el Ebro, se dirige a Levante y luego a Madrid, en cuyas puertas permanece acampado, en espera de un pacto

con Mª Cristina. Sin embargo, todas esas operaciones fracasaron y los carlistas no encontraron nuevos respaldos de importancia entre las poblaciones del centro y sur peninsular.

La tercera y última fase de la guerra, de 1838 a 1840, viene marcada por la división interna del carlismo y por la transacción. El bando carlista, desmoralizado y debilitado por los enfrentamientos internos de sus jefes, sufrió continuas derrotas. Los fracasos militares provocaron un aumento de las discrepancias que terminaron por escindir a los dirigentes carlistas en dos facciones opuestas: los apostólicos y los transaccionales; un enfrentamiento que llevó a los fusilamientos de Estella y al Convenio de Vergara (agosto de 1839). Aún se mantuvo la lucha armada en Cataluña y

el Maestrazgo, tras la toma de Morella por Cabrera. La resistencia se prolongó hasta

julio de 1840, pero, en realidad, la victoria de los liberales era ya definitiva desde la huida de Don Carlos a Francia y la firma del convenio.

II. LA REVOLUCIÓN LIBERAL EN ESPAÑA (1833-1843).

La reina María Cristina, que iba a actuar como regente hasta la mayoría de edad de la princesa Isabel, se enfrentaba a un doble reto: conservar las prerrogativas del poder absoluto frente al liberalismo y defender los derechos sucesorios de su hija frente

a Don Carlos.

En un primer momento, la corona buscó apoyos entre los partidarios de realizar pequeñas reformas dentro del absolutismo. A la vez, la reina intentó una reconciliación dinástica. En esta línea, el gabinete de Cea Bermúdez limitó las reformas a las puramente administrativas, y el manifiesto de 4 de octubre de 1833 prometía la defensa de la religión y las leyes fundamentales del reino, con la esperanza de atraerse a los carlistas, pero éstos no se avinieron a un entendimiento, lo que marcó la ruptura definitiva.

1 El régimen del Estatuto Real.

La regente puso en la presidencia del Consejo a Martínez de la Rosa, cuya principal labor fue la promulgación del Estatuto Real. El Estatuto no era en realidad una constitución, sino una Carta Otorgada, una concesión de la Corona. Era poco más que

una regulación de la convocatoria de Cortes Generales, que tenían un carácter puramente consultivo. Se trataba de unas Cortes bicamerales, con dos estamentos, el de los Próceres, grandes de España y miembros designados por la Corona, y el de

Procuradores, elegido mediante un sistema indirecto y estrictamente censitario en el que apenas podía participar el 0,1 % de la población.

La limitación de la reformas, con la Corona negándose a aprobar las peticiones de los Procuradores, y la marcha de la guerra carlista, quebraron la alianza con los liberales. Tras una serie de revueltas ciudadanas, la Corona se vio forzada a iniciar un proceso de cambio más radical y llamó al gobierno a Álvarez de Mendizábal, destacado

liberal y hombre de negocios, exiliado en Londres hasta el momento. Mendizábal intentó una serie de reformas como las leyes de desamortización del clero regular y la ampliación de la ley electoral que encuentran nuevamente la oposición de la regente, lo que provocó su sustitución por el moderado Francisco Javier Istúriz y un acercamiento a Don Carlos.

Nuevos levantamientos ciudadanos forzaron la ruptura definitiva con el absolutismo y en agosto de 1836 un grupo de milicianos obligó a la Regente, en la residencia real de La Granja, a firmar la Constitución de 1812. A partir de entonces, la iniciativa del cambio político pasó a manos del liberalismo. 

II.2 La constitución de 1837 y la ruptura liberal.

2.1 La Constitución de 1837.

El resultado inmediato del motín de la Granja fue la convocatoria de Cortes con el sistema electoral de 1812. Su objetivo inmediato era reformar la Constitución de Cádiz, pero en la práctica actuaron como Cortes constituyentes y elaboraron un texto nuevo, más en consonancia con la moderación que había sufrido el liberalismo, de

modo general, desde sus primeras manifestaciones.

De este modo, la nueva constitución, promulgada en junio de 1837, rompía tanto con el absolutismo como con el liberalismo radical de las Cortes de Cádiz. Con respecto a esta última, introducía importantes cambios en tres aspectos: el papel de la Corona, la

estructura de las Cortes y el sistema electoral. En cuanto al primero de ellos, se reforzaba el poder de la Corona y la soberanía nacional fue matizada mediante la atribución conjunta de la potestad legislativa al rey y a las Cortes; En la práctica, significaba inaugurar el principio de la soberanía compartida; también tenía derecho de

veto absoluto y de disolución de las Cortes.

En el segundo aspecto, es decir, en cuanto a la estructura de las Cortes, pasaron de una sola cámara, en el texto de Cádiz, a dos cámaras, en el de 1837; el Senado y el Congreso. Más importantes, si cabe, fueron los cambios en el sistema electoral, pues se

sustituyó el sufragio masculino indirecto que se fijó en 1812, por un sistema directo censitario, que reservaba el derecho de voto al Congreso a los mayores contribuyentes.

Además, la Corona tenía la capacidad de designar senadores entre una terna de candidatos elegidos por cada provincia.

En cambio, en la legislación municipal y socioeconómica, se mantuvieron las leyes procedentes de Cádiz y del Trienio, lo que suponía democratizar los ayuntamientos, elegidos por sufragio universal masculino indirecto. El control de los ayuntamientos pasó a ocupar un papel clave en la lucha política, por cuanto tenían

importantes atribuciones fiscales, económicas y educativas; además, controlaban la Milicia Nacional y jugaban un papel fundamental para el desarrollo efectivo de la crucial de la abolición del régimen señorial a favor de los derechos consolidados, bien

por los señores, bien por los pueblos.

2.2 La división del liberalismo.

Desde los años del Trienio revolucionario se fue haciendo patente la división de los liberales en cuestiones clave como el papel de la corona, la soberanía nacional, el derecho de sufragio y la amplitud de los derechos y libertades individuales.

Durante el segundo tercio del siglo XIX, las posiciones diferentes fueron dando lugar a dos formaciones políticas aglutinadas en torno a un grupo parlamentario, personalidades relevantes y ciertos órganos de prensa. Estamos ante los incipientes partidos políticos más o menos consolidados a finales de la década de 1830: el Partido Moderado y el Partido Progresista.

El Partido Moderado defendía un mayor poder de la Corona y la restricción del sufragio a las clases más acomodadas económicamente; la defensa de la libertad era, ente todo, defensa de la seguridad y de la propiedad, por lo que ponían el acento en el

mantenimiento de la autoridad y el orden; mantenimiento del poder e influencia de la Iglesia.

El Partido Progresista reunía a liberales más moderados que los radicales de Cádiz, pero con diferencias respecto a los moderados. Por ejemplo, ponen el énfasis en la soberanía nacional, aunque incluyendo en ella a la Corona; frente a la insistencia en el

orden de los moderados, los progresistas defienden la garantía de las libertades individuales; defienden también una extensión del sufragio a las clases medias y una reducción del poder e influencia de la Iglesia.

Opciones más radicales, como demócratas y republicanos, que defendían la soberanía nacional plena y el sufragio universal masculino, quedaron marginadas del pacto constitucional.

2.3 El régimen de 1837 y la crisis de 1840.

El pacto constitucional de 1837 demostró una mayor cohesión y organización del moderantismo; si a ello se une el apoyo explícito de la Corona, se explica la mayoría parlamentaria conseguida en las elecciones. Pero a nivel local, la legislación superviviente de Cádiz hizo que el control de los ayuntamientos permaneciera en manos

progresistas.

No es de extrañar que al finalizar la guerra carlista, los moderados dirigieran su ofensiva en esa dirección, con la elaboración de una nueva ley de ayuntamientos. A partir de este momento, además, las elecciones a diputados provinciales ya no serían controladas, como hasta entonces, por los ayuntamientos, sino por los jefes políticos.

Con este ataque al poder local de los progresistas se anunciaban, por otra parte, nuevos límites a sus otras dos bases: la milicia nacional y la libertad de prensa.

La fuerte oposición popular y la negativa de Espartero, héroe de la guerra y verdadero árbitro de la situación, obligaron a María Cristina, que había sancionado la ley de ayuntamientos a renunciar a la regencia y a salir camino de Francia (acompañada

por una fortuna tan inmensa como poco clara en su origen) y no para retirarse de la política, sino para conspirar desde allí con  más seguridad. En octubre de 1840 Espartero asumió de forma 

provisional la regencia, confirmada por las Cortes en mayo de 1841.

II.3 La regencia de Espartero y la revolución traicionada 

(1840-43).

El ascenso al poder de Espartero, un personaje de origen humilde, y la forma revolucionaria de alcanzarlo no significan tanto el triunfo de la soberanía nacional sobre el poder real, sino más bien el papel creciente del ejército frente al poder civil.

Durante ese periodo, por una parte, las medidas tomadas, como la abolición del diezmo, desamortización definitiva de los bienes del clero secular o el arancel de 1841, intensificaron la división del liberalismo; por otra parte, el modo personalista de ejercicio del poder acabó aislando a Espartero también de los progresistas y radicales.

La hostilidad de los moderados se fraguó en círculos militares y en el entorno parisino de María Cristina. En 1841 una conspiración de destacados militares y civiles moderados, que asaltaron el palacio real, acabó con el fusilamiento de los promotores, entre ellos el general Diego de León y la salida al exilio de destacados mandos militares, como Narváez. Desde París, con la complacencia de la monarquía francesa, se siguió conspirando con el objetivo de derribar a Espartero del poder.

La preponderancia clara del poder militar y los métodos dictatoriales del regente fueron alejándolo también del Partido Progresista y su núcleo civil, encabezado por Joaquín María López y Salustiano Olózaga, de modo que la oposición no venía sólo del lado moderado.

En medio de un clima de creciente oposición, los rumores de que el gobierno estaba en negociaciones con Inglaterra para firmar un tratado librecambista desencadenaron una insurrección general en Barcelona, donde se unieron fabricantes y obreros, pequeños comerciantes, artesanos y propietarios. La respuesta de Espartero fue el bombardeo de la ciudad desde Montjuic. Esa reacción brutal hizo caer el mito popular de Espartero.

La confluencia de todas esas oposiciones originó la sublevación general de 1843, en defensa del reconocimiento de Isabel II, la defensa de la legalidad constitucional y la unión de la familia liberal. En dicha sublevación confluyen el pronunciamiento militar y

la insurrección popular, con la formación de Juntas locales y provinciales. La derrota de las tropas gubernamentales frente a las de la insurrección, dirigidas por Narváez, obligó a Espartero a abandonar el poder y salir camino del exilio a Inglaterra.

La coalición de progresistas y moderados encargó formar gobierno al progresista Joaquín María López, bajo cuyo gabinete los moderados fueron afirmando sus posiciones. A ello contribuyeron dos factores: el control del ejército, bajo el mando de Narváez, y al apoyo de la Corona.

El temor a una nueva regencia y la incapacidad para ponerse de acuerdo respecto a la misma, decidió adelantar la mayoría de edad de Isabel, que juró su cargo en noviembre de 1843. Los moderados iniciaron una política de obstrucción sistemática a la acción del gobierno progresista. El hecho más grave fue el incidente Olózaga, la grave y falsa acusación de que el nuevo primer ministro había forzado físicamente a la reina para firmar el decreto de disolución de las Cortes. Dicho suceso fue el inicio de un proceso de largas consecuencias que ligaba directa y excluyentemente a la Corona con el Partido Moderado, lo que significaba que la monarquía no actuaba como árbitro entre las diversas opciones políticas liberales.

III. LA CONTRARREVOLUCIÓN MODERADA (1844-1854).

III.1 El triunfo de los moderados y el nuevo orden.

En septiembre de 1844 se realizaron unas elecciones de las que los progresistas se retrajeron en masa, lo que dio una victoria aplastante a los moderados, que siguieron gobernando con Narváez como presidente y ministro de Guerra, Martínez de la Rosa en

Estado, Alejandro Mon en Hacienda y Pedro José Pidal en Gobernación. Frente a la radicalización de las expectativas sociales y políticas generadas por la dinámica revolucionaria, los moderados invocaron el principio del orden entendido no sólo como

orden público, sino como legitimación de la autoridad del Estado sobre la sociedad civil. Entre finales de 1843 y todo 1844, una combinación de medidas políticas y represivas consolidó el control moderado sobre los resortes de poder del Estado. La

limitación de la libertad de expresión, la supresión de la Milicia Nacional y la creación de Guardia Civil fueron mecanismos fundamentales en ese proceso.

III.2 La Constitución de 1845.

El proyecto moderado se plasmó en una nueva constitución. Aunque se planteó como una modificación del texto constitucional de 1837, su espíritu político era muy distinto y dio lugar a una nueva constitución promulgada en mayo de 1845. El nuevo régimen se definió como monarquía constitucional liberal-doctrinaria, sustituyendo la noción de la soberanía constituyente, atribuida a la representación nacional, por la adecuación de todos los poderes a la soberanía constituida, compartida por el Rey y las Cortes.

Esta nueva constitución desequilibró acusadamente la relación de poderes a favor del ejecutivo a través del reforzamiento de los poderes de la Corona, que disfruta de la iniciativa legislativa, la prerrogativa de disolución de las Cortes y el veto absoluto

sobre sus decisiones. Por el sistema de doble confianza, el gobierno debía contar con la confianza del rey y de las Cortes. Pero en la práctica la Corona y a través de ella el gobierno, controló el parlamento.

Las Cortes moderadas fueron concebidas como cámaras de representación exclusivamente de los ricos y poderosos, tanto de las viejas como de las nuevas fortunas. La modificación más importante afectaba al Senado, que estaría formado por un número ilimitado de senadores. Todos los senadores serían libremente designados

por la Corona, con carácter vitalicio, entre las altas jerarquías de la Iglesia, el ejército y de la nobleza, y debían poseer una renta anual de más de 30.000 reales. El cargo de diputado era electivo, pero sólo podían ser candidatos los que asegurasen 1.000 reales

de contribución directa y 12.000 reales anuales de renta.

III.3 La práctica política moderada.

3.1 La corrupción del sistema. 

Con todo, el problema no era solo la nueva ley

electoral, que reducía así el número de electores de 600.000 a menos de 100.000 en todo el país, sino el funcionamiento del sistema que el propio Alejandro Mon, uno de los artífices del mismo, explicaría más tarde en las Cortes: “El gobierno de S. M., y más

particularmente el Sr. Ministro de la Gobernación, y a él pertenece principalmente la cuestión electoral, se encierra en su gabinete, nombra a cuatro o seis personas (…) amigos políticos particulares suyos; divide las provincias en cuatro o seis lotes; encarga

a cada uno de ellos la designación de los candidatos, la correspondencia con los gobernadores; accede a cuantas demandas éstos le hacen; recibe correspondencia diaria;

sabe cuanto piensan los electores, cuándo respiran, cuándo se mueven de una parte a otra”. En definitiva, se convertía el parlamentarismo en una mera farsa, cuya consecuencia más importante era que no dejaba a los opositores otra alternativa que la

conspiración como medio para alcanzar el poder, como se pudo ver en la sucesión de pronunciamientos y revueltas que se sucedieron en estos años.

3.2 El protagonismo del ejército.

 Sin embargo, nunca, contra las ilusiones que se hacían los especialistas en el arte del pronunciamiento, bastó el mero golpe militar para conquistar el poder. Siempre necesitó para triunfar al apoyo de unos sectores sociales cuya movilización se buscaba con promesas sistemáticamente defraudadas. La historia de todas las pretendidas revoluciones de estos años, de 1836 a 1868, es la historia de otros tantos engaños colectivos y de otras tantas frustraciones de las esperanzas populares. Gracias a esta práctica, sin embargo, los espadones se convirtieron, desde Narváez a Martínez Campos, en árbitros de una política española legitimada a posteriori por elecciones falseadas.

3.3 Las tendencias moderadas.

 No debe pensarse en el moderantismo como un partido homogéneo. Su división interna quedó puesta de relieve en las Cortes de 1844- 45. Frente a un grupo mayoritario encabezado por Narváez y los ministros de Hacienda y Gobernación –Alejandro Mon y Pedro José Pidal- se fueron decantando dos grupos de

opinión que representaban diferentes posibilidades de evolución del régimen: los vilumistas y los puritanos. Los primeros, que reciben el nombre del marqués de Viluma, formaban el ala más reaccionaria del régimen, defendían la integración con el carlismo a

través del matrimonio de Isabel II y el heredero de don Carlos; el retorno a una Carta Otorgada y la reconciliación con la Iglesia mediante la condena explícita de la desamortización. Los puritanos, liderados por Joaquín F. Pacheco, se situaron en el extremo opuesto, defendían la permanencia de la Constitución de 1837, corregida con leyes orgánicas, y se mostraron favorables a integrar a los progresistas en el sistema.

Aunque la mayoría parlamentaria moderada se situó entre esos dos polos, en la práctica, fue mucho más valorada la primera opción, próxima al carlismo, que la segunda, cerca del progresismo.

3.4 La involución del moderantismo. Durante el gobierno largo de Narváez (1847-1851), las facciones moderadas permanecieron unidas ante el miedo de que los efectos de las revoluciones de 1848 en Europa –la primavera de los pueblos- se llegaran a España, pero, una vez conjurado el peligro, las divisiones se hicieron de nuevo

patentes. En el fondo, lo que venía a ocurrir era que el elevado grado de corrupción llegaba a lesionar incluso los intereses de los grupos moderados que no participaban directamente en el poder.

En 1852 Bravo Murillo presentó un proyecto de reforma constitucional en sentido autoritario en el que se reforzaban tanto las atribuciones en detrimento del ejecutivo que negaba prácticamente el liberalismo.

La amplia oposición al proyecto provocó la dimisión de Bravo Murillo y puso en evidencia la incapacidad del moderantismo para lograr consenso político, lo que provocó mayor inestabilidad gubernamental, contrarrestada por una práctica creciente

de la represión, aplicada incluso a líderes moderados de facciones no gubernamentales.

En medio de ese clima represor, los gobiernos iban acumulando descrédito sobre un sistema en que el ascenso y caída de ministerios respondía a oscuros manejos de las tres camarillas reales: la de Isabel con su amante de turno, la de Francisco de Asís y su cortejo frailuno y la de la reina madre y su consorte, atentos siempre a enriquecerse con sus negocios y especulaciones.

IV. LA CRISIS DEL MODERANTISMO CLÁSICO Y SU

REFORMULACIÓN (1854-1868).

IV.1 La revolución de 1854. 

n medio de un clima de reprobación general  hacia la reina madre y hacia el gobierno, se inició la revolución de 1854. Esta

revolución fue producto de la confluencia de tres acontecimientos: un pronunciamiento militar moderado encabezado por el general Leopoldo O´Donnell (la Vicalvarada, junio de 1854) y su proyección a través del Manifiesto de Manzanares; la actividad

insurreccional de progresistas y demócratas y, en tercer lugar, la amplia movilización popular, que se concreta en la formación de juntas revolucionarias locales y provinciales, durante julio de ese año, en ciudades como Zaragoza, Barcelona, Valencia y Madrid.

La expansión e intensidad del movimiento propició la formación de una coalición de moderados, progresistas y demócratas, con el objetivo de encauzar la revolución y doblegar la voluntad de la Corona. De allí salió un gobierno encabezado por Espartero y con O´Donnell como ministro de Guerra.

IV.2 El bienio progresista (1854-1856).

2.1 Las primeras medidas del nuevo gobierno estuvieron destinadas a restablecer el orden público, desarmar a las juntas revolucionarias y despojar al movimiento de sus connotaciones populares y de reivindicación sociales. Con esta actuación, la coalición gubernamental provocó su aislamiento de las clases populares, de los demócratas y la división de los progresistas, entre los partidarios de consolidar la coalición con los moderados y los que proponían un acercamiento a los demócratas. El resultado fue un régimen inestable, a lo que contribuyó también la incompatibilidad de Espartero y O´Donnell.

2.2 La constitución “non nata” de 1856.

 El cambio de régimen supuso la recuperación de buena parte de la legislación abolida en 1844 en varios temas, como el sistema electoral, la libertad de imprenta, la Milicia Nacional y los ayuntamientos.

Incluso las Cortes discutieron un proyecto constitucional que recuperaba la soberanía nacional, con el legislativo compartido, eso sí, por el rey y las Cortes, la tolerancia religiosa sólo para el culto privado, lo que provocó furiosas protestas de los obispos y la

ruptura con el Vaticano. Se reformaba también el Senado y se regulaban con amplitud los derechos individuales. Propuestas demócratas avanzadas como la educación primara gratuita no fueron siquiera escuchadas y la del sufragio universal masculino apenas tuvo votos, lo que nos da medida de la limitación de objetivos de la nueva mayoría. De todas formas, la Constitución no llegó a aprobarse.

2.3 La legislación económica.

 De lo que hicieron esas Cortes cabe destacar las 

medidas de corte económico, que iban a impulsar el desarrollo capitalista, en cuya necesidad estaban de acuerdo lo liberales de todas las tendencias.

A esos objetivos respondieron la desamortización general, llamada de Madoz,  ministro que la promovió. Una ley que de modo general benefició a los grandes propietarios, pero que supuso en muchos casos un despojo de consecuencias dramáticas para los campesinos. La ley General de Ferrocarriles, que pretendía acabar con la desarticulación del mercado español, obstáculo que se consideraba más importante para el desarrollo económico. Otras leyes en este mismo sentido fueron las de creación de

bancos de emisión y de sociedades de crédito, que habían de favorecer la movilización de capitales para financiar la construcción de la red ferroviaria. Estas leyes ampliaron el marco de participación de las diversas élites del país y del capital extranjero en los

grandes proyectos financieros, de transporte, obras públicas y explotación de recursos naturales.

2.4 La cuestión social.

 La revolución de 1854 supuso la entrada definitiva de la

llamada cuestión social en el debate político del liberalismo español. La crisis de subsistencias que había sido uno de los motivos que movilizaron a los participantes en las revueltas de 1854 no fue remediada y pronto se hizo evidente la dificultad del nuevo

régimen para controlar una conflictividad social sin precedentes. El descontento se asociaba a la carestía de la vida, las condiciones de trabajo y el desempleo. Incidentes luditas –destrucción de fábricas y máquinas-, ocupaciones de tierras, motines contra el

impopular impuesto de consumos y contra las exportaciones de trigo ante el ascenso de la demanda europea provocado por la guerra de Crimea y que provocaron un alza en el precio interior, fueron acompañados de huelgas en diversos sectores. La expresión más

representativa de los nuevos tiempos fue la huelga general de Barcelona, en julio de 1855, que marcó un hito fundamental en el desarrollo del movimiento obrero organizado. A partir de entonces fue evidente la ruptura definitiva entre dicho movimiento y el progresismo; las reivindicaciones populares fueron canalizadas por

demócratas y republicanos.

2.5 La crisis del bienio progresista.

 Vino provocada en parte, pero no en todo, por esa incapacidad para resolver la conflictividad social; influyeron también otros factores,

como la hostilidad de la Corona y de los círculos moderados y contribuyó a ello también la propia heterogeneidad de la coalición gubernamental, en la que pugnaban, más que cooperaban, dos proyectos distintos: el de los moderados, sublevados en Vicálvaro y el de los progresistas. La enemistad entre Espartero y O´Donnell ejemplifica esa diferencia. 

Un enfrentamiento entre el ministro de Guerra, O´Donnell, y el de Gobernación, Patricio de la Escosura, en torno a la oportunidad de desarmar o no a la Milicia

Nacional originó la crisis: el apoyo de la corona a O´Donnell provocó la dimisión de

Espartero y Escosura. O´Donnell, ahora jefe de gobierno suprimió la milicia, disolvió

las Cortes, destituyó diputaciones y ayuntamientos, suspendió la desamortización

eclesiástica y reprimió la prensa. A los tres meses de su presidencia, cuando la faena

estaba hecha y la contrarrevolución había triunfado, la reina despidió O´Donnell y entregó de nuevo el gobierno a Narváez. Por increíble que pareciera, se intentaba volver a la situación de 1854 y a un sistema que se había derrumbado casi sin resistencia.

Pero la realidad del país iba por otros derroteros diferentes de los que pretendían fijar el gobierno y las cortes. Tras un año en el gobierno, cayó Narváez como cayeron otros dos más en pocos meses y no por los graves problemas del país que seguían sin

resolverse, sino los oscuros juegos de intereses que se libraban en el interior del palacio.

IV.3 La Unión Liberal.

En julio de 1858 O´Donnell volvió a la jefatura de gobierno de mano de la Unión Liberal. El origen de este partido estuvo en la disidencia puritana respecto al giro reaccionario de los moderados y en la propuesta de un pacto monárquico-constitucional

frente a demócratas y republicanos, defendido por Cánovas del Castillo, al que se unieron algunos progresistas como Manuel Cortina y militares como Juan Prim.

Con O´Donnell, la Unión Liberal se mantuvo en el gobierno desde 1858 hasta 1863, el periodo más largo de estabilidad gubernamental de la primera parte del siglo XIX. En su programa político inicial había un triple objetivo: primero, aislar al sector más reaccionario del régimen moderado; segundo, ofrecer vías de participación al

progresismo, evitando así el recurso a la insurrección, y en tercer lugar, como consecuencia lógica, conseguir la estabilidad del régimen liberal, en su fórmula censitaria y de monarquía constitucional.

Durante ese “gobierno largo” de la Unión Liberal, tuvo lugar un ciclo de expansión económica sin precedentes, a lo que contribuyó la reanudación de las medidas desamortizadoras de Pascual Madoz, la liberación del mercado de la propiedad y del subsuelo (ley hipotecaria y ley de minas) y la política estatal de obras públicas,

transportes y comunicaciones, especialmente la intensa actividad ferroviaria.

Una activa política exterior fue otro de los rasgos del periodo unionista. En este sentido, España participó en una serie de proyectos en el exterior que, más allá de los objetivos inmediatos de prestigio, llevaron a intervenir en distintas zonas sensibles y

que al cabo de dos décadas se convertirían en centros neurálgicos de la expansión imperialista de la potencias europeas: intervención en Indochina, recuperación de Santo Domingo, Campaña de Marruecos, intervención en México y expedición al Golfo de

Guinea.

No obstante los objetivos iniciales, en la práctica, la Unión Liberal trató de convertirse en un partido único, recurriendo a la manipulación y corrupción electoral, labor en la que destacó Posada Herrera, el gran muñidor. Junto a ese ejercicio del poder

personalista y exclusivista, que imposibilitaba la alternancia, este periodo puso de relieve importantes limitaciones. Entre ellas, la incapacidad del régimen para afrontar los crecientes problemas sociales, como si sólo se tratara de una cuestión de orden

público, como se vio en al sublevación campesina de Loja (1861).

Otros frentes se fueron abriendo, como el resurgimiento del moderantismo reaccionario, a través del movimiento neocatólico, por un lado, y el distanciamiento creciente de los progresistas, por otro lado, conscientes de que el sistema de gobierno sólo les garantizaba una presencia testimonial. En 1863, la Corona volvió a imponer una

política propia favorable a los neocátólicos. De nuevo, la monarquía utilizaba el poder en beneficio exclusivo de los moderados.

IV.4 La caída de Isabel II.

Una serie de gobiernos inestables, por las mismas causas que en periodos anteriores, se suceden desde 1863 abocando al régimen a su final. La Corona intervino directamente en la política con su apoyo a los moderados, dejó de ser un poder simbólico y no pudo cumplir su papel de moderación, arbitraje y consenso entre las

diversas familias liberales. La Corona, además, se fue convirtiendo en un poder cada vez más autónomo respecto al gobierno y al parlamento. La situación producida tras la dimisión de Bravo Murillo en 1852 volvió a repetirse tras la caída de la Unión Liberal.

Desde 1866 aumentaron las manifestaciones de descontento y se reactivaron las conspiraciones de distinto signo, desde el carlismo a las de demócratas y republicanos, pasando por los progresistas e incluso unionistas. En septiembre de 1868 tuvo lugar en

Cádiz un pronunciamiento militar que en pocos días fue aceptado por otras guarniciones. Comenzaba así un proceso revolucionario de profunda consecuencias.

V. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874).

.

V.1 La revolución de 1868.

La revolución de septiembre de 1868 tuvo varias causas. No se puede olvidar el trasfondo económico. A partir de 1866 se manifestó una profunda crisis económica: en primer lugar, crisis agraria; en segundo lugar, una crisis financiera, con la quiebra de

numerosas empresas crediticias; en tercer lugar, crisis industrial, debida al parón en la construcción ferroviaria y a las dificultades del sector textil catalán. 

Pero el detonante fue la crisis política de la monarquía de Isabel II. El descrédito de la monarquía y de sus gobiernos monopolizados por los moderados, provocó la unión de opositores. En el pacto de Ostende (1866), formado por progresistas y demócratas –

luego se unieron los unionistas- se pusieron las bases del acuerdo: el rechazo a la dinastía borbónica y la apertura de un proceso constituyente basado en la aplicación del sufragio universal masculino.

Inmediatamente después del pronunciamiento militar de Cádiz, la derrota de las tropas isabelinas en Alcolea provocó la huida de Isabel II a Francia y el destronamiento de la monarquía borbónica. A la vez que las guarniciones militares se iban levantando,

numerosas revoluciones locales fueron creando juntas revolucionarias, en sustitución de

las autoridades del Estado isabelino.

Paralelamente, se formó un gobierno provisional, integrado por unionistas, progresistas y demócratas y cuyas figuras principales eran Prim, Serrano, Sagasta y Ruiz Zorrilla. Las primeras medidas daban satisfacción a las demandas de las juntas para conseguir su disolución. En este sentido, el gobierno instauró las libertades básicas (de asociación, de expresión, de enseñanza, de culto) y eliminó el impopular impuesto de consumos. El gobierno se basaba en un acuerdo de mínimos: elecciones a Cortes constituyentes, por sufragio universal masculino, y las propias Cortes elegidas

decidirían sobre la forma de Estado, entre monarquía y república.

V.2 La Constitución de 1869.

En las nuevas Cortes, elegidas en enero de 1869, la coalición gubernamental obtuvo una mayoría amplia (237 escaños), aunque los republicanos estaban bien representados con 85 escaños y los carlistas obtuvieron 20 diputados.

Inmediatamente, las Cortes se entregaron a la tarea de elaborar una nueva Constitución que contenía grandes novedades:

- Un extenso catálogo de derechos y libertades del ciudadano, en el que se incluyen las libertades básicas, como reunión y expresión; derechos como la inviolabilidad de la correspondencia y la libertad de cultos. - Establece la monarquía democrática como forma de gobierno. Una monarquía con los poderes recortados sensiblemente frente a constituciones anteriores.

- Se define de forma precisa que el origen democrático del poder político y se reconoce la división de los tres poderes clásicos. El parlamento se convirtió en la principal institución, en detrimento de la Corona.

V.3 El reinado de Amadeo I.

Puesto que la forma de Estado definida por dichas Cortes era la Monarquía democrática, uno de los problemas inmediatos que se planteó a los hombres del gobierno fue la búsqueda de un monarca. La candidatura elegida fue la del duque de Aosta, de la casa de Saboya, que fue aprobada por mayoría en las Cortes en noviembre

de 1870.

La llegada del nuevo rey a España tuvo lugar en medio de condiciones adversas. 

Su candidatura contaba con la oposición de amplios sectores políticos (carlistas, alfonsinos y republicanos). Además, el desembarco coincidió con la muerte en atentado

de su principal valedor, el general Prim.

Tras estos precedentes, el reinado de Amadeo fue un intento fracasado de construir un régimen democrático en la España del siglo XIX. Amadeo trató de adecuarse a la Constitución, pero, pese a ello, su reinado se caracterizó por una fuerte inestabilidad y una oposición social al régimen democrático que la monarquía amadeísta encarnaba. En poco más de dos años se celebraron tres elecciones y hubo seis gobiernos diferentes.

La explicación de dicha inestabilidad hay que buscarla en varias causas. En primer lugar, la división de la coalición gubernamental, entre constitucionalistas, de Sagasta, y los radicales, de Ruiz Zorrilla. En segundo lugar, la resistencia al régimen democrático de Amadeo, desde diversos frentes que comprenden tanto a los carlistas, como a los republicanos e incluso al incipiente movimiento obrero ligado a la AIT.

Finalmente, dos guerras simultáneas –la guerra larga de Cuba y la guerra carlistaacabaron por debilitar los recursos del Estado y por bloquear propuestas programáticas importantes como la abolición de las quintas.

V.4 La primera república.

Ante la conjunción de dificultades, Amadeo abdicó en febrero de 1873. Las Cortes, reunidos Congreso y Senado en única asamblea, aprobaron la proclamación de la República.

La Primera República española, que no duró siquiera un año, fue un tiempo de grandes esperanzas y frustraciones. En ese breve tiempo, se ensayaron diversas formas políticas y sociales, hasta el punto de que se puede hablar de varios modelos de república.

4.1 La República federal.

 En los primeros meses de la recién proclamada

república, presidida por Estanislao Figueras, predominaron los políticos radicales del último gobierno de Amadeo, pero la posición política de los federales se fue reforzando

pronto y obtuvieron un aplastante triunfo en las elecciones a Cortes constituyentes de abril.

Estas nuevas Cortes proclamaron la República federal, presidida por Pi i Margall, y una comisión se encargó de elaborar un proyecto de Constitución. El texto, que no llegó a aprobarse, recogía los derechos y libertades de la constitución del 69, pero aportaba otras novedades, como el Estado neutro, frente a la confesionalidad

tradicional.

El mayor de los cambios, sin duda, se introducía en la organización territorial de España, que quedaba definida como una nación formada por diecisiete estados, entre los que se incluía Cuba. Esta propuesta de descentralización política suponía la plasmación

del principio doctrinal del pacto federal entre los diversos estados, realizado desde arriba, es decir, desde el gobierno.

4.2 El cantonalismo. 

El deseo de establecer una república federal desde abajo

fue fomentado por los diputados intransigentes, que abandonaron las Cortes en julio y promovieron la creación inmediata de los cantones. Nace así el movimiento cantonalista, que adquirió gran arraigo en las regiones mediterráneas, desde Valencia a

Andalucía. En este movimiento cantonal convivían aspiraciones muy diversas: la propiamente política de organización democrática y popular del poder, hasta la más directamente social, que concibió los cantones como una ocasión propicia para llevar a cabo reformas sociales profundas.

Los cantones creados durante el verano de 1873 fueron en su mayoría disueltos militarmente en pocas semanas, excepto el de Cartagena, que se mantuvo hasta principios de 1874, protegido por la situación estratégica y por el apoyo de la flota con sede en el puerto.

La República de orden. La imagen de desorden que ofrecía el régimen republicano, tanto en el aspecto social como en el territorial, propició su progresivo desplazamiento hacia posiciones conservadoras y de orden. Además del problema cantonal y social, la República debía enfrentarse a las dos guerras heredadas, la cubana y la carlista. Esto reforzó el papel del ejército, mayoritariamente monárquico, que recuperó protagonismo en la vida política.

Pi i Margall fue sustituido por Nicolás Salmerón, que autorizó al ejército a combatir el cantonalismo y la actuación de la AIT. Apenas dos meses después, dimitió por una cuestión de conciencia, al negarse a firmar dos condenas a muerte que los

militares exigían para restablecer la disciplina en el ejército. Así, en septiembre de 1873, llegaba el cuarto presidente de la República, Emilio Castelar, que continuó la tarea de mantener el orden y obtuvo de las Cortes autorización para establecer medidas

extraordinarias en materia de guerra y la suspensión de las garantías constitucionales.

4.3 El golpe de Pavía. 

A comienzos de enero de 1874 habían de volver a reunirse las Cortes y Castelar debía rendir cuentas ante ellas de su gestión durante los meses que estuvieron cerradas. El capitán general de Madrid, Pavía, había advertido a Castelar que estaba proyectando un golpe de fuerza, en el caso de que el Congreso le

negase la confianza. Pero Castelar no hizo nada, bien porque estaba convencido de su victoria, bien porque estaba de acuerdo con el proyecto de Pavía, como opinaba el embajador francés. Cuando Castelar salió derrotado en la votación de 3 de enero de

1874, Pavía entró en el Congreso con sus tropas y la guardia civil y se disolvieron las Cortes.

Un gobierno, presidido por Serrano y dominado por los políticos de la etapa anterior, como Martos o Sagasta, continuó formalmente el régimen republicano durante un año, pero la acción de Pavía liquidó la República.

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