H.Contemporanea T-3. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA. EL SISTEMA CANOVISTA Y LA CRISIS FINISECULAR (1875-1902) (GUADAHUMI4)

TEMA 3.

LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA. EL SISTEMA CANOVISTA Y LA CRISIS FINISECULAR (1875-1902) 

I EL SISTEMA CANOVISTA

I.1 Orígenes de la Restauración.

El golpe de Pavía, en enero de 1874, disolvió las Cortes republicanas y dio paso a un gobierno, presidido por Serrano y dominado por los viejos políticos, progresistas, moderados y radicales, entre los que estaban figuras como Martos y Sagasta.

Aunque formalmente el régimen republicano siguió en vigor un año todavía, hasta el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, la acción de Pavía liquidó, sin apenas oposición, una república que había nacido once meses antes entre el entusiasmo y el alivio por la marcha del rey Amadeo. 

El año de 1874 es un periodo de transición en la historia contemporánea de España. El régimen político vigente se movía entre dos alternativas: una consistía en consolidar un régimen de carácter republicano unitario, bajo la dirección de Serrano,

que permitiera recuperar, desde posiciones moderadas, los principios de la revolución de 1868. La otra posibilidad era preparar la restauración de la Monarquía en la dinastía borbónica, proyecto auspiciado por los alfonsinos de Cánovas del Castillo desde varios

años antes y que fue la alternativa triunfante.

La preparación de la restauración monárquica en la persona del príncipe Alfonso de Borbón se aceleró a finales de 1874. Las élites económicas, sobre todo las vinculadas al mercado colonial cubano, apoyaron sin reservas el retorno de la dinastía borbónica.

También lo hicieron los sectores más poderosos de la sociedad peninsular: latifundistas, industriales, banqueros, navieros, etc. Y una buena parte de los generales (Gutiérrez de la Concha, Martínez Campos, Jovellar, Primo de Rivera).

La cobertura ideológica y doctrinal la logró Cánovas con la difusión del Manifiesto de Sandhurst, que apelaba a la necesidad de restaurar una monarquía hereditaria y constitucional, acorde con la tradición histórica española. El ejército hizo lo restante, poniendo final al régimen de Serrano, mediante un pronunciamiento,

dirigido desde Sagunto por el general Martínez Campos. 

Comenzaba así el largo proceso de la Restauración.

I.2 La Constitución de 1876.

El mecanismo político-institucional canovista tuvo su formulación legal en una nueva Constitución, aprobada en 1876. Unos meses antes, Cánovas convocó una reunión de más de quinientos políticos destacados de diversas tendencias conservadoras y liberales para que colaboraran en la elaboración de unas bases comunes mínimas para la nueva Constitución. El anteproyecto del texto fue preparado por una comisión presidida por Alonso Martínez, aunque el verdadero inspirador de esta Constitución fue Cánovas, cuyas características más importantes fueron:

- Afirmación del principio de soberanía compartida por el rey y las Cortes. Esto significa marginar el concepto de soberanía nacional y volver al moderantismo. Como señalan Solé Tura y E. Aja, los conceptos de constitución interna y soberanía compartida por el rey y las Cortes suprimían la base de las conquistas democráticas de

1869. Pero para evitar que la nueva monarquía tuviera menor legitimidad que los regímenes anteriores, Cánovas aceptó que las primera elecciones se realizaran por sufragio universal masculino, a sabiendas que los controles aseguraban el triunfo gubernamental.

- Establecimiento de unas Cortes bicamerales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso está formado por los representantes nombrados a razón de uno cada cincuenta mil habitantes, durante cinco años y en virtud de sufragio

censitario, el cual no está establecido en la Constitución, sino en la futura ley electoral. El Senado, cuya composición fue muy discutida, está integrado por varios tipos de senadores: por derecho propio (herederos del rey, grandes de España, altos cargos del

ejército, la Iglesia y la Administración, etc.); senadores nombrados por el rey, que son vitalicios, como los anteriores, sin que entre ambas categorías puedan ser más de 180, es decir el cincuenta por ciento del total; finalmente, senadores elegidos por las

corporaciones y los mayores contribuyentes. Estos últimos requieren, además, unas condiciones económicas importantes o el ejercicio de ciertos cargos políticos con anterioridad.

Así, el Senado quedó bajo el control de los grupos sociales y económicos minoritarios y poderosos (aristócratas, latifundistas, generales, obispos y ricos hombres de negocios).

- Ampliación de las atribuciones de la Corona, que mantiene el poder ejecutivo en toda la extensión de la tradición moderada y aún la acrecienta en relación a la dirección del ejército, participa en la función legislativa a través de la sanción y la promulgación de las leyes y ejerce todos los demás poderes tradicionales: designa al

jefe de gobierno, veta la aprobación de leyes, nombra senadores, disuelve las Cortes y otorga indultos.

- Reconocimiento de derechos y libertades individuales fundamentales; con matices: hasta 1881 perdura la distinción entre partidos legales e ilegales (todos aquellos que no aceptan expresamente la monarquía quedan excluidos de la vida

política). La ley de imprenta de 1879; la de reuniones de 1880; la reforma del Código penal, las leyes sobre administración provincial y municipal sirven al mismo objetivo de restringir las libertades y facilitar el control del gobierno sobre las actividades públicas.

Hasta 1887 no se regula el derecho de asociación previsto por la Constitución, de modo que durante todos esos años los trabajadores vieron prohibido el teórico derecho a asociarse.

- Reconocimiento de la religión católica como oficial del Estado, aunque reconoce la libertad religiosa a los ciudadanos.

-Desaparición del sufragio universal masculino, conseguido en 1869. 

La constitución no lo prohíbe, pero tampoco lo establece, de modo que hasta 1890 las elecciones se realizaron por sufragio censitario.

I.3 El turno de partidos.

La práctica del turnismo fue uno de los rasgos esenciales del régimen de la Restauración. El Partido Conservador y el Partido Liberal deberían alternarse en el poder con los siguientes objetivos:

Evitar que uno de los partidos monopolizara el poder, al tiempo que el partido excluido se viera en la tentación de recurrir a los pronunciamientos militares, de tanta tradición en la España Isabelina. El segundo objetivo, derivado del primero, era

asegurar la estabilidad del sistema político y evitar que los partidos ajenos al régimen – republicanos y carlistas- pudieran hacerse con el poder. En tercer lugar, se perseguía mantener el orden socioeconómico en manos de las clases conservadoras dominantes.

Los partidos Conservador y Liberal poseían una mínima estructura organizativa.

Eran partidos de notables. Casi todas las actividades políticas se realizaban a torno a los círculos.

La procedencia de los hombres que se dedicaban a la política profesional era diversa, pero abundaban los abogados (Cánovas, Alonso Martínez, Gamazo, Maura), profesores de prestigio (Moret, Posada Herrera, Azcárate, Salmerón), terratenientes

(Pidal y Mon, Romanones), banqueros (Fernández Villaverde) y con intereses cubanos (Romero Robledo, yerno de Julián Zulueta, entre otros).

El Partido Liberal Fusionista fue creado en 1880, agrupando diversas tendencias dispersas del liberalismo democrático, liderado por Práxedes Mateo Sagasta, que aceptaba el retorno de los Borbones. Fue un partido heterogéneo, una jaula de grillos,

formado por diversos sectores encabezados por figuras relevantes, entre quienes destacan Gamazo, Alonso Martínez, Martínez Campos, Posada Herrera, Segismundo Moret y Montero Ríos, entre otros, aunque ninguno de ellos estuvo en condiciones de

disputar la jefatura del partido a Sagasta.

El Partido Conservador, por su parte, estaba dirigido por Antonio Cánovas del Castillo y aunque contaba con mayor cohesión, también fueron surgiendo tendencias, sobre todo tras la muerte de su fundador; Francisco Silvela, Romero Robledo y

Alejandro Pidal encabezaron las más acusadas.

Se trataba, como se ha indicado, de partidos de notables, conglomerados compuestos de varias tendencias formadas alrededor de los líderes importantes. El transfuguismo fue muy habitual: Posada Herrera, Romero Robledo y Martínez Campos,

por ejemplo, bailaron de un partido a otro.

I.4 La práctica política: corrupción electoral y caciquismo.

El supuesto Pacto de El Pardo, a la muerte de Alfonso XII (1885)

institucionalizó el sistema de rotación en el poder, que seguía los siguientes pasos:

cuando el partido en el poder se veía sometido a tensiones internas de sus distintas tendencias, el rey llamaba a gobernar al otro partido; de modo simultáneo, otorgaba al presidente del nuevo Consejo de Ministros el decreto de disolución de las Cortes, se preparaban nuevas elecciones que, manipuladas convenientemente, daban la victoria al gobierno y una representación suficiente a la oposición. Este falseamiento electoral, mediante diversos mecanismos –encasillado y pucherazo- era clave en el funcionamiento del sistema.

Incluso con la implantación del sufragio universal masculino (1890) la manipulación electoral, la fabricación de las Cortes y el turno pacífico se vieron inalterados. La manipulación política era posible por la existencia del caciquismo. El caciquismo tenía una dimensión política y social, ya que permitía la alternancia el poder

de los partidos dinásticos y tuvo un papel predominante en la sociedad agraria. El cacique era un jefe local de un partido –su influencia alguna vez podía ser provincial, como Romanotes en Guadalajara- cuyo poder se basaba en el control y utilización de la

administración y que actuaba como mediador entre el Estado y su comunidad. A cambio de favores otorgados a sus clientes, obtenía los votos necesarios para los canditados avalados por él.

I.5. La oposición al sistema de la Restauración: republicanismo, carlismo y nacionalismo.

El sistema de la Restauración marginó a amplios sectores del mundo político y social. Lo que en principio se presentaba como propuesta integradora acabó siendo, en la práctica, un sistema de exclusión de las clases populares urbanas, sectores de la clase

trabajadora rural y el naciente proletariado industrial; las clases medias y los círculos intelectuales.

La oposición política al régimen de la Restauración se llevó a cabo por fuerzas políticas ya existentes: desde la derecha, el carlismo; desde la izquierda, el republicanismo. Pero también surgieron nuevos movimientos, como el movimiento obrero y los partidos nacionalistas. Aunque estas fuerzas de oposición no fueron

decisivas en la dinámica política, son importantes porque respondían al gran problema de finales de siglo: el acceso de las masas a la política.

5.1 El republicanismo en la España de la Restauración.

Fue marginado del sistema político, pero era una fuerza importante. Como opción política, arrastró tres grandes problemas en los primeros momentos del régimen.

En primer lugar, una acusada fragmentación, producto de las divergencias surgidas durante el Sexenio democrático: partidarios y opuestos a la revolución, federales y centralistas. De hecho, no hubo un único partido republicano, sino varios (Partido Federal, de Pi i Margall; Partido Republicano Histórico, de Castelar; Partido

Republicano Progresista, de Ruiz Zorrilla; Partido Centralista, de Salmerón). Los intentos de unión sólo fructificaron con la creación de la Unión Republicana, en 1903.

En segundo lugar, una compleja composición social. El republicanismo era interclasista, incluía tanto a sectores medios como a trabajadores; aunque su fuerza residía en las

ciudades, no siempre era así; recuérdese, por ejemplo, la sublevación de Loja en 1861.

Un tercer problema para los republicanos fue la represión ejercida por los primeros gobiernos de Cánovas.

Como consecuencia, los republicanos no dispusieron de una organización sólida, de líderes destacados ni de una doctrina renovada, lo que impidió a esta fuerza política convertirse en una verdadera alternativa al sistema de la Restauración.

A pesar de su fragmentación y diferencias, los republicanos compartían tres puntos básicos: la defensa de la República como forma de Estado, consecuencia del principio de soberanía popular; apoyo a medidas reformistas para resolver la cuestión social, como la intervención del Estado, fomento del cooperativismo, concesión de créditos baratos, y, finalmente, la fe en el progreso y el anticlericalismo.

El crecimiento republicano se produjo con el ascenso y fortalecimiento de nuevos sectores sociales y económicos y de organizaciones capaces de responder al acceso de las masas a la política. Los dos movimientos más característicos de este

nuevo republicanismo, bien implantado en los medios urbanos, serían ya a principios del siglo XX, el lerrouxismo, en Cataluña, y el blasquismo, en Valencia.

El movimiento republicano se encontró, así, a principios del siglo XX

caracterizado por el hundimiento del Partido Federal de Pi i Margall y la desaparición del posibilismo de Castelar. El republicanismo participó así de la crisis que afectaba a todo el sistema de partidos, inmerso en su conjunto en un difícil reto de modernización

de sus estructuras internas. Aparecía muy fragmentado ideológicamente y falto de una articulación clara española, su organización giraba alrededor de toda una estela de

notables y filiaciones personales. De todas formas, no debiera menospreciarse el apoyo social que tenía en los núcleos importantes, como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia o Palma de Mallorca.

5.2 El carlismo, por su parte, no se recuperó de su derrota de 1876.

La alianza entre la Iglesia y el Estado de la Restauración lo dejaba, además, sin buena parte de sus argumentos. La Santa Sede no quería partidos católicos en España, sino, en todo caso, la

integración de los católicos en el régimen restaurado, como se puso de manifiesto con la entrada en el Partido Conservador del grupo Unión Católica que encabezaba Alejandro Pidal. Todo ello restó al carlismo importantes poyos sociales. La escisión del sector

integrista liderado por Ramón Nocedal precipitó la crisis y repercutió negativamente en algunos enclaves tradicionales del movimiento, como Guipúzcoa. La aparición de los años noventa del nacionalismo vasco y catalán, con simpatías entre los católicos de ambas regiones, agudizó los problemas.

5.3 Los nacionalismos. 

Más importante fue para el régimen, a la larga, la

cuestión de los nacionalismos, cuya eclosión se produjo a finales del siglo XIX, con el catalanismo como líder y modelo de arrastre de los demás movimientos.

Catalanismo. Desde 1876 proliferaban en Cataluña revistas y escritos de distinto tipo de acusada significación regionalista –además de que culminaba por entonces la Renaixença- en los que se alentaba la idea de nacionalidad catalana. Valentí Almirall,

promovió en 1877 el primer diario en lengua catalana; en 1882, creó el Centre Catalá, que lideró el movimiento de protesta contra los tratados de comercio de 1885; en 1886, escribió Lo catalanisme, un libro claramente catalanista.

En 1889, una asociación de estudiantes catalanes, el Centre Escolar Catalanista y la Lliga de Catalunya, escindida del movimiento de Almirall, promovieron una campaña de mítines en defensa del derecho civil catalán. En 1890, Enric Prat de la Riba, presidente del Centre Escolar, se refería en los cursos que organizaba la entidad a la “patria catalana” como única patria de los catalanes, y de la lengua y el derecho como expresión de la nacionalidad catalana.

Por iniciativa del Centre Escolar y de la Lliga, en 1891 se creó la Unió Catalanista, que, en la asamblea de 1892, celebrada en Manresa, aprobó las “Bases per la Constitució Regional Catalana” en las que se reclamaba la restauración de las instituciones históricas del Principado y el traspaso a Cataluña de amplias competencias políticas y económicas. Muchas personalidades que figuraban al frente de instituciones culturales catalanas eran, en los años noventa, catalanistas. Barcelona había generado

una verdadera cultura privativa y propia, como revelaban el modernismo y el noucentisme; el nacionalismo vino a ser como el desenlace de un largo proceso de cristalización de la conciencia de diferenciación catalana. En 1901, por fusión de diversas organizaciones catalanistas, nació la Lliga Regionalista de Catalunya, el partido político de catalanismo conservador, que tuvo en Prat de la Riba a su organizador e ideólogo, y en Francesc Cambó a su gran líder político y parlamentario.

En nacionalismo vasco. En el País Vasco, la abolición de los Fueros en 1876 

había provocado una intensa reacción cultural en defensa de las instituciones suprimidas y, por extensión, de la lengua y la cultura vascas. No tuvo traducción política significativa, pero reforzó la identificación de la personalidad vasca, extendida a parte

de Navarra, con el eusquera y los Fueros. Pero en los años noventa, Sabino Arana redefinió el fuerismo como nacionalismo, identificó fueros con códigos de soberanía nacional vasca y reintegración foral con devolución de la soberanía “perdida” en 1839 y 1876; y afirmó que los vascos, en razón de su raza y su religión, constituían

una nación. Euskadi, neologismo acuñado por Arana, era, así, la patria de los vascos. El nacionalismo vasco (Arana creó el PNV en 1894) hacía del eusquera la lengua nacional, y ambicionaba reuskaldunizar a una sociedad ampliamente castellanizada. Idealizaba el mundo rural tradicional vasco en un momento en que Vizcaya y Guipúzcoa se estaban industrializando de manera acelerada.

II. EL DESASTRE COLONIAL Y LA CRISIS DEL 98.

El proceso de liquidación del imperio ultramarino español presenta tres fases sucesivas. En primer lugar, asistimos a un movimiento emancipador que estalla casi simultáneamente en Cuba y Filipinas. En segundo lugar, hay que referirse a la intervención estadounidense, seguida de la guerra efectiva librada entre Estados Unidos y España en el área de ultramar.

II.1 El conflicto cubano.

Respecto a Cuba, la mayoría de los políticos españoles

eran contrarios a conceder ningún tipo de autonomía, ya que para ellos autonomía e independencia eran equivalentes. Un ejemplo ilustrativo fue el fracaso del Plan de Reformas Coloniales de Maura, en 1893, que chocó con la oposición de su propio partido en las Cortes. Tan tajante actitud provocó que disminuyeran cada vez más los partidarios cubanos de la autonomía, y aumentaran las de los independentistas.

La guerra tiene por inspirador a José Martí y la insurrección tiene su base geográfica en la parte oriental de la isla; su base social en el campesinado; su impulso ideológico en el Partido Revolucionario Cubano, creado en 1892 por Martí; su cabecilla militar en Antonio Maceo; su táctica en la guerrilla.

España envió de nuevo al general Martínez Campos, artífice la Paz de Zanjón, quien había advertido a Cánovas que la nueva guerra no era como la anterior; que su violencia y su respaldo popular eran indomables a partir de una guerra convencional civilizada, y que él mismo por sus principios y sentimientos era incapaz de aplicar otras

medidas y sacar la guerra de tales moldes. Será entonces cuando Cánovas, decidido a llevar la guerra hasta el final, “hasta el último hombre y la última peseta”, sustituya a Martínez Campos por el duro Valeriano Weyler. A partir de ese momento, los Estados

Unidos, que habían estimulado a España para que devolviera la tranquilidad a la isla mediante la concesión de autonomía política y económica, cambiaron su actitud mediadora. Ante ese viraje, España busca una garantía en la Triple Alianza y en Gran

Bretaña. La primera fracasará; y Gran Bretaña estaba sólo dispuesta a prestar su buenos oficios si se juzgaba que la autonomía puede contribuir a la pacificación de la isla.

II.2 La insurrección filipina. 

En Filipinas, la década de los noventa presencia importantes alteraciones que preludian, también allí, la existencia de una crisis de emancipación. Los hechos destinados a incidir directamente sobre la crisis del 98 tienen por teatro la isla de Luzón y por protagonista inicial a José Rizal –figura que evoca la de

José Martí- fundador en 1892 de la Liga Filipina, secundada por el Katipunan, sociedad encaminada a la conspiración contra el dominio español.

La conspiración del Katipunan conducirá al levantamiento de agosto de 1896 en la provincia de Manila; la provincia de Cavite se une a la insurrección, que hace necesario el envío de tropas desde la Península. Las hostilidades van tomando, como en

Cuba, carácter de guerra sin cuartel; la dura represión militar alcanzará al mismo Rizal, fusilado el 30 de diciembre, poco después de hacerse cargo Polavieja de la capitanía general. Entre tanto, prosigue la insurrección capitaneada por Emilio Aguinaldo.

En abril de 1897 Fernando Primo de Rivera, que sustituye a Polavieja, secundará eficazmente las orientaciones del nuevo gobierno liberal de Madrid, negociando con Aguinaldo. La insurrección queda prácticamente dominada, pero cuatro meses después, los Estados Unidos negocian con Aguinaldo “la independencia de las islas Filipinas, constituidas en República centralizada”, bajo el protectorado de los Estados Unidos, que

se establecería en los mismos términos y condiciones que los de Cuba” (23 de abril de  1898). La guerra hispano-norteamericana comportará la reanudación del levantamiento.

Aunque distantes geográficamente y diferentes por el resto de su condiciones, las guerras coloniales de Cuba y Filipinas ofrecen rasgos comunes y conexiones que resulta indispensable destacar. En ambos casos estamos ante la afirmación de sendas

personalidades nacionales, levantadas frente a una metrópoli que, en presencia de tal emergencia, podía haber optado por administraciones autónomas; pero nunca por una represión que, en última instancia, no podía ser hecha efectiva con los medios militares disponibles por España en 1890 sobre las todavía extensas áreas de su dominio colonial.

Ambas zonas de conflicto armado estaban a la sazón situadas en zonas de excepcional interés estratégico en la coyuntura imperialista de finales del XIX. En 1898, los intereses y las expectativas estadounidenses en el área del Caribe son, por lo menos,

tan apremiantes como los intereses y expectativas de alemanes y británicos en el área de China meridional. Por la propia dialéctica de los hechos, ambos conflictos coloniales van a desembocar en la crisis de redistribución colonial protagonizada por las grandes

potencias imperialistas en 1898.

II.3 El conflicto hispano-norteamericano. 

La verdadera pretensión de los Estados Unidos era anexionarse Cuba, y la guerra fue la alternativa que eligieron después de los frustrados intentos de compra a España, cuatro en total: el primero en 1843, por 50 millones de $ y el último en marzo de 1898, por 300 millones más uno para los políticos españoles negociadores.

Intereses económicos y estratégicos les inducían a ello. Por un lado, la isla era un apetecible mercado para los excedentes comerciales y de capital de los grandes hombres de negocios estadounidenses. Por otro lado, la anexión se concebía indispensable para la integridad de la Unión. Lógicamente, de cara a la opinión pública

internacional, EEUU ocultaron su imperialismo bajo razones humanitarias: se presentó como la nación que tenía “el deber de poner fin a las horribles condiciones que existían en Cuba desde había tres años”, es decir, desde que en febrero de 1895 estallara la

segunda guerra de la independencia contra el gobierno español. Deber como potencia mundial, en cuanto modelo de libertad y democracia, por la proximidad geográfica de la isla, y, sobre todo, por la destrucción de un acorazado norteamericano: el Maine,

hundido en febrero de 1898.

Prueba evidente de que la pacificación de la isla era una excusa, fue que, a pesar del alto el fuego decretado por el gobierno español con fecha de 10 de abril, en claro intento de evitar el conflicto con los Estados Unidos, el presidente Mac Kinley, en mensaje del 11 de abril de 1898 pidió al Congreso permiso para intervenir militarmente

en Cuba, permiso que le fue concedido el día 19 de abril, fecha del ultimátum presentado a España.

La posición española. La opinión generalizada de los historiadores (Pavón, Jover, Bahamonde) es que los políticos del régimen, tanto liberales como conservadores (aunque la decisión le tocó tomarla de Sagasta), fueron a la guerra convencidos de que la retirada supondría la caída de la Monarquía.

La opinión más generalizada también es la de que esa percepción no era correcta, pues ni republicanos ni carlistas, es decir, los enemigos del régimen, tenían tanta fuerza; pero la presión de la prensa y de los militares contribuyó a esa percepción.

II.4 Desarrollo de la guerra.

La guerra hispano norteamericana se desarrolla fulminantemente, dada la notoria desigualdad de fuerzas. Los juicios que ha merecido han sido tajantes y duros. Ramos Oliveira escribió, “guerra más absurda, por parte de España, que la hispano-yanqui, se

busca y no se halla en la historia universal”. Por su parte, Raymond Carr, refiriéndose a las dos batallas decisivas de la contienda, las pondera fríamente como “los dos desastres navales más completos de los tiempos modernos”.

En efecto, el 1 de mayo, de 1898, la escuadra española de las Filipinas, mandada por el almirante Montojo, será aniquilada por la escuadra del Comodoro Dewey en la Bahía de Manila; siguen la rendición de Cavite, la generalización de la insurrección

filipina, la reducción del dominio español en el archipiélago –prácticamente- a la ciudad de Manila.

En cuanto a la escuadra española del Atlántico, salida con rumbo a Puerto Rico, habrá de entrar en Santiago de Cuba para hacer provisión de carbón; allí será embotellada como consecuencia del bloqueo establecido por una fuerza naval norteamericana considerablemente superior, el 19 de mayo y siguientes. A mediados de junio, fuerzas estadounidenses desembarcan en las inmediaciones de Santiago, adueñándose, tras combates extraordinariamente duros con las tropas españolas, de dos

posiciones clave para defensa de Santiago de Cuba: Caney y Loma de San Juan. Ante el peligro que se cierne sobre Santiago, se plantea a la escuadra española un nuevo dilema:

salir a entablar un combate imposible con fuerzas aplastantemente superiores o  exponerse a caer íntegra, con la plaza, en manos americanas. Se opta por lo primero y el 3 de julio la escuadra española, mandada por Cervera, es literalmente aniquilada en el

llamado combate naval de Santiago. En las semanas siguientes se precipitan los acontecimientos: la capitulación de Santiago; el desembarco de los estadounidenses en Puerto Rico, seguido de la rápida ocupación de la isla; la capitulación de Manila tendrá

lugar el 14 de agosto.

II.5 Consecuencias de la guerra.

5.1 El Tratado de París y la liquidación de las últimas colonias. 

En diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, que supuso para España la pérdida de Cuba, que fue ocupada por los Estados Unidos. Además, cedía a esa potencia Puerto Rico, Guam y

las Islas Filipinas, éstas últimas a cambio de 20 millones de dólares.

El Tratado de París representó, además, el primer capítulo del colonialismo estadounidense y el último de colonialismo español de América y el Pacífico. Sólo quedaban las Marianas, las Carolinas y Palaos, que fueron vendidas poco después a Alemania.

5.2 Consecuencias inmediatas: humanas y económicas. La ética de la guerra.

Los recursos arbitrados por el Estado español para hacer frente a la guerra de Cuba, desde el cuatro de mayo hasta el 30 de junio de 1898, alcanzaban cifras próximas a 2.000 millones de pesetas; no hay que llamar la atención de lo que tales cifras representarían referidas a los presupuestos españoles de la época.

En cuanto a los efectivos militares, se enviaron, en distintas expediciones a lo largo de la campaña, 180.431 soldados, 6.222 oficiales, 6.015 jefes y 20 generales.

Sumándoles los 12.000 que guarnecían la isla al estallar la guerra, la cifra del ejército de Cuba se elevó a 200.000 soldados (Fernández Almagro).

De ellos murieron por las causas que se citan, los siguientes:

En combate

Por heridas 

Fiebre amarilla 

Otras enfermedades Generales

Jefes y oficiales 6.081.313.127

Soldados 11.347.041.300.040.000

A estas cifras de bajas sería preciso añadir las de los heridos que sobrevivieron - 463 oficiales y 8.164 soldados- y, por supuesto, todas las acarreadas por la guerra y las enfermedades en Filipinas y en Puerto Rico.

A partir de agosto del 98 comienza la evacuación: la llegada a los puertos españoles de los repatriados que sobrevivieron al combate, a las heridas, a las enfermedades, a la travesía del retorno. Los repatriados vienen a ser símbolo vivo, tremendamente plástico en el marco de cada barrio y de cada aldea, del desastre en sus

escuetas dimensiones humanas. Símbolo vivo, también, de una ética social puesta brutalmente en evidencia. “En España –observará Costa- todos están unánimes en reconocer que, si el servicio personal obligatorio hubiese regido, la guerra, caso de que

hubiera llegado a estallar, se habría ahogado en el primer parte de muertos y heridos transmitido por el cable a nuestra Península.” La observación será exagerada, pero responde a la realidad de una apreciación colectiva, alimentada por el contraste entre el

repatriado que no logra a veces cobrar sus atrasos y el que acertó a redimirse legalmente mediante el pago de una determinada cantidad en metálico. En conjunto, cabe afirmar que el planteamiento, desarrollo y desenlace de la guerra ha movilizado unos reflejos

éticos –principalmente en las clases populares y medias- de los que es fácil encontrar trazas tanto en El Socialista de estos meses como en la literatura regeneracionista.

5.3 Consecuencias inmediatas.

El debilitamiento del régimen de la Restauración. Revisionismo político y regeneracionismo. Aunque la guerra en Cuba y

Filipinas fue seguida con interés por la sociedad española, la derrota de 1898 no provocó súbitos cambios en el panorama político español. El gobierno de Sagasta se mantuvo en el poder, pero pronto se suspendieron las cortes y fueron llamados los

conservadores, que convocaron elecciones en 1899 a las que se presenta Silvela con aires regeneradores. La elecciones se fabrican de nuevo, con 236 escaños para el Partido Conservador y 93 para los liberales, con algunos restos republicanos.

Tanto desde dentro como desde fuera del sistema, comienzan a configurarse algunas acciones políticas claramente regeneracionistas.

5.4 La Unión Nacional, dirigida por Joaquín costa, Basilio Paraíso y Santiago Alba.

Fue el proyecto más ambicioso, apoyado en las Cámaras de Comercio y en la Liga Nacional de Productores. Pero el fracaso político en las elecciones provocó su disolución y la retirada de Costa, recluido desde entonces en la crítica intelectual

(Oligarquía y caciquismo, 1901).

5.5 El regeneracionismo Silvela-Polavieja. 

En 1899 Francisco Silvela, líder del Partido conservador tras la muerte de Cánovas, incorpora en su gobierno a Polavieja y a

un sector del catalanismo conservador (Durán y Bas). Se llevan a cabo algunas iniciativas importantes, como la reforma del Sistema Tributario de Fernández Villaverde (1900), que provoca la huelga fiscal en algunas provincias (Tancament de Caixes) y la renuncia de Polavieja. Por otra parte, las medidas regionalistas promovidas

por Durán y Bas encuentran oposición en el propio gobierno.

En 1900, cae Silvela y, tras un gobierno puente de Azcárraga, Sagasta se dispone a presidir su último gobierno, en 1901.

TEXTOS.

1. Manifiesto de Sandhurst.

Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan

generosa como infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en

España. (…) Huérfana la Nación ahora de todo derecho público e indefinidamente

privada de sus libertades, natural es que vuelva los ojos a su acostumbrado derecho

constitucional y a aquellas libres instituciones que ni en 1812 le impidieron defender su

independencia ni acabar en 1840 otra empeñada guerra civil. (…) Por todo esto, sin

duda, lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y

representativa, mirándola como irreemplazable garantía de sus derechos e intereses

desde las clases obreras hasta las más elevadas.

En el entretanto, no sólo está hoy por tierra todo lo que en 1868 existía, sino

cuanto se ha pretendido desde entonces crear. Si de hecho se halla abolida la

Constitución de 1845, hállase también de hecho abolida la que en 1869 se formó sobre

la base inexistente ya de la monarquía. (…) Afortunadamente, la monarquía hereditaria

y constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad y cuantas condiciones

de acierto hacen falta para que todos los problemas que traiga su restablecimiento

consigo sean resueltos de conformidad con los votos y la conveniencia de la Nación.

No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente; sin cortes no

resolvieron los negocios arduos los príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de

la monarquía, y esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo en mi condición

presente, y cuando todos los españoles están ya habituados a los procedimientos

parlamentarios. Llegado el caso, fácil será que se entiendan y concierten sobre todas las

cuestiones por resolver un príncipe leal y un pueblo libre.

Nada deseo tanto como que nuestra patria lo sea de verdad. A ello ha de

contribuir poderosamente la dura lección de estos tiempos, que si para nadie puede ser

perdida todavía lo será menos para las honradas y laboriosas clases populares, víctimas

de sofismas pérfidos o de absurdas ilusiones.

Cuanto se está viendo enseña que las naciones más grandes y prósperas, y donde

el orden, la libertad y la justicia se admiran mejor, son aquellas que respetan más su

propia historia. (…) Sea lo que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español,

ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo,

verdaderamente liberal.

Alfonso de Borbón, York-Town (Sandhurst), 1º de diciembre de 1874