TEMA 4
HISTORIA CONTEMPORÁNEA EL REINADO DE ALFONSO XIII (G
REGENERACIONISMO Y DICTADURA (1902-1931).
I. LA CRISIS DEL SISTEMA PARLAMENTARIO (1902-1923).
El periodo 1902-1923, buena parte del reinado de Alfonso
XIII en España, corresponde a un segmento de la historia política europea
marcado por la Primera guerra Mundial y por la revolución de 1917; marcado por un
complejo de transformaciones directas en la nueva conformación de
Europa y por la amenaza de la crisis económica.
Conviene destacar tres caracteres del periodo: crisis de la
democracia parlamentaria; tendencia a constituir Estados nacionalmente
homogéneos, de acuerdo con el llamado principio de las nacionalidades; adaptación
forzosa, aunque realizada de
formas diversas, de unos Estados de planta burguesa a la
realidad de una nueva clase que acaba de irrumpir en la vida política: la clase
trabajadora.
En España, el reinado se inició con un clima político y
social marcado por el espíritu regeneracionista surgido tras la crisis del 98.
Los primeros gobiernos se propusieron una renovación interna del régimen que le
permitiera sobrevivir. Fue la etapa del revisionismo, que cubrió la primera década del
reinado. Pero el corto alcance
de las reformas no fue suficiente para impedir que el
sistema se siguiera hundiendo.
Con la Primera Guerra Mundial empezó una fase nueva que,
por poco tiempo, pareció prometedora: la neutralidad le permitió a España
desempeñar un papel económico en Europa desproporcionado a su importancia real.
Pero la euforia de las
exportaciones sólo benefició a unos pocos, mientras la
mayor parte de la población sufrió escasez y carestía. El descontento social desembarcó
en una crisis general en 1917. A partir de ese momento, el declive fue imparable: a
la inoperancia de los
gobiernos se sumaron la creciente contestación política al
régimen, la conflictividad social y el desastre militar en Marruecos. Era inaplazable
buscar una salida. El golpe militar impuso la dictadura, con la aprobación de rey; pero
no era la única salida.
Finalmente, se hundió el viejo sistema y arrastró en su
caída al rey y a la institución monárquica.
1. Los intentos regeneracionistas (1902-1914).
La primera parte del reinado de Alfonso XIII estuvo marcada
por el espíritu regeneracionista y de cambio que, tanto dentro como fuera
del sistema, se había extendido tras la crisis del 98.
El revisionismo político y su fracaso.
Protagonismo político de Alfonso XIII. Alfonso XIII accedió
al trono en mayo de 1902, con 16 años. Dado el ambiente social y político
creado en España por la derrota del 98, se albergaban esperanzas de que el nuevo
monarca encabezase una política de carácter regenerador. En su actuación política
se pueden destacar dos rasgos: un intervencionismo constante en la vida política
ordinaria, así como en las luchas de los partidos dinásticos (crisis orientales), por una parte,
y la relación directa entre la Corona y los mandos militares, aprovechando su condición de
jefe del ejército, por otra
parte.
Los intentos de “revolución desde arriba”. La política
oficial también estaba contagiada del espíritu regeneracionista que se había
extendido por todo el país. El siglo XX se inició, por lo tanto, con los intentos de reforma del
sistema político de la Restauración, que se hallaba cada vez más desligado de la
realidad social española.
Tras la muerte de los fundadores de los dos partidos
dinásticos, Cánovas (1897) y Sagasta (1903), empezó la etapa de revisionismo político,
protagonizado por Maura, desde el Partido Conservador, y por Canalejas, desde el
Partido Liberal.
Revisionismo del P. Conservador: Silvela y Maura. El
partido conservador pareció entender primero las razones del regeneracionismo
con Silvela; pero fue sobre todo bajo el liderazgo de Maura y especialmente en su
“gobierno largo” (1907-909),
cuando se pusieron marcha medidas relevantes. Maura
galvanizó la política y llevo al Parlamento numerosas iniciativas legales. Puso en marcha
importantes reformas: nueva Ley electoral (agosto de 1907), ley de Creación de la
Escuadra, ley de Colonización interior, legalización de la huelga (1908), creación del
Instituto Nacional de Previsión (1908), inspección de trabajo, reforma de la justicia
municipal, sindicatos agrícolas. La Semana Trágica. Pero Maura no pudo concluir su
“revolución”. Dimitió en octubre de 1909. El rey le retiró su confianza a la vista
de la reacción internacional que
había producido la ejecución de Francisco Ferrer Guardia en
Barcelona. Ferrer Guardia era un pedagogo anarquista de larga trayectoria
revolucionaria, al que un tribunal militar condenó sin evidencia jurídica como responsable de los
sucesos de la Semana Trágica de Barcelona. Así es como se calificó una oleada de
disturbios que sacudieron por unos días la capital catalana, surgidos de forma espontánea
contra el envío de tropas a Marruecos y que derivaron luego hacia actos de violencia
anticlerical, con un centenar
de muertos.
Revisionismo del Partido Liberal: Canalejas. A pesar de no
haber podido concluir su proyecto, Maura cambió la política y obligó a
cambiar al Partido Liberal, como entendió José Canalejas, que gobernó desde febrero de
1910 hasta que fue asesinado en noviembre de 1912. Igual que Maura, Canalejas
gobernó con programa, ideas, firmeza y resolución, con voluntad reformista. Se
aprobaron importantes reformas, como la reducción del impuesto de consumos, la
ley de Reclutamiento y Reemplazo (suprimiendo la redención en metálico), la
regulación de las condiciones de
trabajo (jornada máxima en las minas, prohibición del
trabajo nocturno de la mujer), aprobó la ley de Mancomunidades. Pese a la movilización
callejera de los católicos autorizó los signos exteriores del culto de las iglesias
protestantes y elaboró un proyecto
de ley (ley del Candado) que prohibía el establecimiento de
nuevas órdenes religiosas en tanto no se aprobara una nueva ley de Asociaciones, a
riesgo de una grave confrontación con la Iglesia.
2. Crisis del parlamentarismo y quiebra del sistema
(1914-1923).
En unos pocos años, la política española había cambiado de
forma sustancial.
Con la constitución de la Mancomunidad catalana, un régimen
de preautonomía que creaba organismos comunes a las cuatro provincias de la
región y les transfería algunas competencias, se modificó, incluso, aunque de forma muy
discreta, la estructura
territorial del Estado. Pero el problema de la representatividad
del sistema, de su legitimidad política, permanecía sin alterar. Aunque a lo
largo de la segunda década el número de distritos en los que las elecciones eran
auténticas fue cada vez mayor, el caciquismo no desapareció en absoluto. Maura mismo había echado
mano de la
estructura caciquil para gobernar en 1907.
El fin del turno y la inestabilidad gubernamental. Como
observaba Ortega en 1914, la Restauración era un panorama de fantasmas, la
vieja política estaba muerta y se precisaba una nueva política. Desde la perspectiva del
régimen monárquico, eso habría
significado liderazgos políticos firmes, partidos fuertes y
mayorías parlamentarias homogéneas, pero lo que sucedió entre 1913 y 1923 fue todo
lo contrario. La negativa de Maura en octubre de 1913 a seguir el turno con los
liberales porque éstos habían apoyado a la oposición monárquica en 1907-1909 durante la
crisis que siguió a la
Senana Trágica, supuso la quiebra del turno de partidos,
que había venido funcionando desde 1885. Desde 1914, la fragmentación del sistema fue
total. El Partido conservador estaba escindido entre los idóneos, liderados por Eduardo
Dato, y los mauristas. El
Partido Liberal, por su parte, quedó inutilizado par
gobernar por la pugna entre Romanones, García Prieto y Santiago Alba para hacerse con
su control tras la muerte de Canalejas. La inestabilidad gubernamental, con quince
gobiernos en nueve años, se hizo
endémica. La suspensión de las Cortes fue un recurso
habitual en aquellos años.
El impacto de la I Guerra Mundial. En esas condiciones, la
crisis general del sistema parecía casi inevitable, más aún cuando los
problemas económicos, sociales y militares se agravaron a partir de 1914. En ese año estalló
la Primera Guerra Mundial en
la que España se mantuvo neutral. Esta posición permitió en
un primer momento un excepcional crecimiento económico gracias al incremento de
las importaciones industriales y mineras. Pero como el incremento de las
exportaciones no se vio acompañado de una mejora de la productividad, ocasionó una
espiral inflacionista de
graves consecuencias. Entre 1916 y 1918 los precios de los
productos de primera necesidad casi se duplicaron, lo que explica el incremento
de huelgas (212 en 1914, 463) en 1918, más de un millar en 1920). La fractura social se
unía a la crisis política.
.
La crisis de 1917.
Los gobiernos se vieron impotentes para contener la
inflación y restablecer el orden social, sobre todo, tras el fracaso del paquete de
reformas propuesto por Santiago Alba (reforma fiscal, presupuesto extraordinario en
educación y obras públicas)
financiado con un impuesto sobre los beneficios de la
guerra. La resistencia empresarial y la oposición conservadora, articulada por Cambó se
impusieron. El juntismo militar. El malestar desbordó el orden
político. La crisis llegó primero al Ejército. El descontento de los oficiales
peninsulares por la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, por un lado, y el beneficio
del ejército de Marruecos en los
ascensos, por otro, había dado lugar en 1916 al surgimiento
de Juntas de Defensa del Arma de Artillería, en defensa de intereses corporativos.
Cuando el gobierno de García Prieto intentó disolverlas en junio de 1917, la Junta de
Barcelona publicó un manifiesto
en el que culpaba a los políticos de los problemas del
Ejército y del país y hacía un llamamiento al restablecimiento del buen gobierno para la
renovación del país. García Prieto dimitió y el nuevo gobierno, presidido por Dato,
aceptó las condiciones de las
Juntas ante el temor de un pronunciamiento militar.
La Asamblea de Parlamentarios. La crisis creada por las
Juntas hizo pensar a la oposición al régimen que las circunstancias eran favorables
para una renovación profunda de la política nacional. Por iniciativa de Cambó,
los parlamentarios catalanes convocaron una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, el
19 de julio de 1917, a fin de promover una reunión de Cortes con carácter
constituyente. El objetivo era convertir el Parlamento en el centro de la política en un nuevo
intento de reforma desde arriba del sistema de la Restauración.
La huelga general. Pero pronto se vio –y sobre todo se
temió por buena parte de los protagonistas de los movimientos anteriores- que lo que
podía suceder era una revolución desde abajo. El 17 de agosto, el PSOE y la UGT,
en cuyo interior habían aparecido ya nuevos líderes, como Julián Besteiro,
Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero, convocaron una huelga general, por extensión de
un conflicto que estaba teniendo lugar en la Compañía de Ferrocarriles del Norte.
El objetivo era conectar con
los otros focos de conflicto para conseguir derribar el
gobierno y formar otro provisional que convocara Cortes constituyentes.
Pese a todo, la revolución no parecía posible. El ejército
era mayoritariamente conservador. Las Juntas mismas no eran un movimiento
revolucionario, sino más bien, como se vio pronto, un lobby al servicio de intereses
profesionales y que terminaron por
ser, en parte, una amenaza golpista, y sobre todo un foco
de insubordinación militar.
No hubo reforma constitucional. La huelga de agosto fue
duramente reprimida.
La Asamblea de Parlamentarios, a la que sólo asistieron
unos setenta diputados, no tuvo continuidad: la Lliga Catalana, el propio Cambó, impulsores
de la Asamblea, participarían luego en distintos gobiernos de la Monarquía.
Los nacionalismos periféricos. Tampoco se llevó a cabo la
reforma territorial. La colaboración del catalanismo con el gobierno no sirvió
para ampliar las concesiones hechas a Cataluña en 1914, hasta lograr la autonomía. En
1918 el Congreso rechazó una
iniciativa de Cambó en este sentido y al año siguiente, una
comisión extraparlamentaria, creada para abordar el problema regional –catalán y vasco,
donde el PNV logró un importante avance electoral en 1918- sólo propuso vagas
medidas descentralizadoras.
El problema seguiría gravitando sobre la política nacional.
En Cataluña, en las elecciones provinciales de 1923, Cambó y la Lliga perdieron
la hegemonía que mantenían desde 1907, desplazados por el nacionalismo
radical y democrático de Acció Catalana y Estat Catalá. En Galicia, la creación en 1916 de
las Irmandades de Fala y la publicación en 1920 del ensayo Teoría do nacionalismo
galego, de Vicente Risco, marcaron el paso del galleguismo cultural y regionalista al
nacionalismo.
La conflictividad social experimentó, a partir de 1919,
niveles desconocidos hasta entonces en España. La situación era particularmente
grave en Barcelona, por el enfrentamiento entre la CNT y la patronal. El punto álgido
lo marcó la huelga de La
Canadiense (febrero marzo de 1919), eléctrica que abastecía
el tejido urbano e industrial de la capital catalana, que terminó con la mayor victoria
lograda hasta entonces por el proletariado español. Pero la segunda parte del conflicto,
en torno a la libertad de los
detenidos, provocó una dura respuesta patronal, con el
cierre de empresas, y una fuerte represión contra los sindicatos. Fracasados los intentos
mediadores, estalló una oleada de violencia, el pistolerismo, que provocó centenares de
muertes entre ambos lados y que afectó a importantes empresarios y destacados líderes
sindicales.
La resistencia patronal frustró, además, cualquier
posibilidad de acercamiento.
Cuando el gobierno de Sánchez Toca intentó una aproximación
a las posturas moderadas y pactistas de líderes como Salvador Seguí y
Ángel Pestaña, la patronal
barcelonesa impuso una política de fuerza. En nombramiento
de Martínez Anido como gobernador civil de Barcelona inició una durísima
represión. La respuesta anarquista fue el asesinato del nuevo jefe del Ejecutivo, Eduardo Dato, en
Madrid, en marzo de 1921.
El problema de Maruecos. La crisis de Marruecos vino a
agravar aún más la situación española. Desde que las potencias europeas en la
Conferencia de Algeciras (1906) habían otorgado tácitamente a Francia y España el control
de Marruecos, la ocupación española de la parte norte se había ido
produciendo de forma lenta e intermitente, con muchas dificultades. En 1921, el ejército
español sufrió una derrota en Annual (julio de 1921), cuando un ataque de las tropas
rebeldes de Abd el Krim provocó la retirada de las tropas españolas mandadas por el
general Silvestre, la muerte
de más de 9.000 soldados y la pérdida de 5.000 km.
cuadrados en la zona de Melilla.
Dada la magnitud del desastre, se plantearon dos
cuestiones: la exigencia de responsabilidades militares y políticas -que alcanzaban al
ejército, al gobierno e incluso al mismo rey-, por una parte, y la reflexión sobre el
sentido mismo de la presencia española en Marruecos, por otra.
Los dos asuntos eran de gran calado en la vida política
española del momento.
Para el Ejército, Marruecos fue la oportunidad de restaurar
el prestigio perdido en Cuba.
Creó una nueva mentalidad militar y militarista en las
nuevas generaciones de oficiales (Goded, Franco, Mola, Varela, Millán Astray) que veía en el
Ejército la encarnación de la esencia histórica y moral de la nación. Estos oficiales
africanistas, que por otra parte
gozaban de mejores salarios y más oportunidades de ascenso
que sus colegas en la península, interpretaban cualquier crítica a la
intervención en Marruecos como un ataque al Ejército y como un síntoma de debilidad nacional,
al tiempo que no admitían
la subordinación militar a la acción civil en el
protectorado.
Los problemas no resueltos se acumulaban. La Monarquía
parecía no tener instrumentos eficaces de gobierno. Desde 1918, el mismo
Alfonso XIII manifestaba públicamente su malestar por la evolución del país e
incluso su disconformidad con el sistema parlamentario. Se había intentado el recurso a los
gobiernos de concentración,
pero fracasado el intento se volvió al turno. Entre 1919 y
1922 ejercieron el turno los conservadores, con siete gobiernos consecutivos. En 1922
volvieron los liberales y García Prieto, presidente del Consejo, se plantea reformas
que incluso podían alcanzar a la propia Constitución. El golpe de Estado de Primo de
Rivera, en septiembre de 1923, desvaneció esa posibilidad.
II. LA DICTADURA DE PRIMO (1923-1930).
La llegada al poder de Primo de Rivera tuvo lugar en
septiembre de 1923, tras un pronunciamiento militar iniciado en Barcelona, no
combatido por el gobierno, aceptado por el rey y saludado por una parte de la opinión
pública española. El clima político de la Restauración se había enrarecido mucho,
sobre todo por el debate en torno a las responsabilidades de la guerra de Marruecos. La
inestabilidad de los gobiernos de la monarquía era, desde 1917, constante y el ejército había
logrado una gran presencia
en la vida pública.
La implantación de la Dictadura es inseparable de la crisis
del liberalismo, que se había mostrado incapaz de regular las demandas
crecientes de participación política procedentes de una sociedad cada vez más moderna y de
masas. Como en muchos
países europeos del momento, la respuesta a ese desajuste
fue autoritaria: asunción de un poder personal, limitación del acceso a la política y,
al tiempo, reorganización de la sociedad según un modelo corporativista.
El proceso seguido fue relativamente sencillo:
pronunciamiento, acceso al poder y acción política desde el gobierno. En el régimen se
combinaron el pretorianismo militar, las ansias de regeneracionismo y la crisis del
liberalismo político.
1. La implantación del régimen.
Orígenes de la dictadura.
El pronunciamiento de Primo de Rivera puede explicarse por
la conjunción de tres factores fundamentales. La crisis estructural del
Estado de la Restauración, la crónica presencia de interferencias militaristas y la
aparición de un problema coyuntural, es decir, el deterioro del orden público, sobre
todo en Barcelona, mientras
que el asunto de las responsabilidades por el desastre de
Annual habría actuado como precipitante. Los complots castrenses y el pronunciamiento de Primo de
Rivera. La preparación del pronunciamiento tuvo lugar durante el
verano de 1923, con dos núcleos definidos. Un grupo de generales que conspiraban en Madrid
–el cuadrilátero- a favor de un gobierno con mayor presencia militar y preocupado,
sobre todo, por la cuestión de
las responsabilidades de Annual. Un segundo núcleo era el
procedente de la guarnición de Barcelona, dirigida por Miguel Primo de Rivera, que
orientó el movimiento hacia una ocupación del poder exclusivamente por militares. Su
interés no era sólo buscar una
salida a la crisis marroquí, sino modificar el sistema
liberal y resolver la cuestión del orden público. No es casual, como señaló Azaña en aquellos
días, que el pronunciamiento comenzase en Barcelona.
Reacciones ante el golpe. El golpe de Estado de Primo de
Rivera triunfó sin resistencia. El gobierno constitucional de García Prieto no
logró frenar el movimiento.
Los principales líderes políticos se manifestaron con
cautela, la opinión pública era favorable (el mismo Ortega lo calificó de “plenamente
popular”) y, finalmente, el monarca los legitimó, nombrando a Primo de Rivera
presidente del gobierno; una
decisión que dejaba en suspenso el régimen constitucional
que venía manteniéndose desde 1876.
El Directorio Militar. Una vez derrocado el gobierno
constitucional y después de superar algunas tensiones entre los protagonistas del
pronunciamiento, Primo de Rivera accedió al frente de un Directorio Militar compuesto
por ocho generales y un almirante. Aunque el manifiesto inicial aludía al carácter
provisional -una letra a
noventa días-, el régimen nacía con voluntad de
institucionalizarse, como pronto se confirmó con la negativa del monarca a reabrir las Cortes.
Primo de Rivera concentraba en su persona toda la capacidad ejecutiva y la relación con
el monarca.
El Directorio Militar ocupó los dos primeros años de la
Dictadura, hasta finales de 1825. Su programa político recogía algunos presupuestos
de la “revolución desde arriba” de la época de Maura, pero afrontados por medio de
una intervención quirúrgica.
Esta voluntad regeneracionista se manifestó en las primeras
medidas del Directorio en dos campos: el descuaje del caciquismo, en el nivel local,
y en un nacionalismo de Estado, frente a los nacionalismos periféricos.
La política anticaciquil: Estatutos local y provincial.
Consciente de que el futuro del proyecto regeneracionista se jugaba en el cambio
de balanza a nivel local, Primo de Rivera ordenó al 30 de septiembre la disolución de
los ayuntamientos y su sustitución por Juntas de vocales Asociados (disueltas, a
su vez, en enero de 1924).
En abril de 1924 se puso en marcha un Estatuto Municipal con
dos ideas básicas:
la autonomía municipal y el fin de las corruptelas
administrativas. Se creó el cuerpo de secretarios municipales y se dio estabilidad a los
empleados de la administración local.
Se aumentaron los tributos y se cedieron otros del Estado,
lo que permitió un aumento del gasto municipal en el conjunto del gasto público. En
cambio, las medidas democratizadoras previstas en el Estatuto, como la elección
de los concejales, nunca se
pusieron en marcha y, en la práctica, los ayuntamientos
fueron meros apéndices de los gobernadores, primero, y de la Unión Patriótica, después.
En cuando a la administración provincial, se disolvieron
las Diputaciones y en los primeros momentos pareció que la Dictadura era
favorable a una amplia descentralización. Primo de Rivera llegó a encargar un
proyecto de Estatuto, en septiembre de 1923, a las diputaciones vascas y a la
diputación foral de Navarra; y se
ofreció una Mancomunidad gallega a cambio de que el
galleguismo conservador colaborara con la Dictadura. Pero pronto el dictador se
decantó hacia un españolismo beligerante y el Estatuto provincial fue fiel reflejo de
esa actitud. Igual que sucedió en el
ámbito local, en la práctica, las Diputaciones eran
designadas por el gobernador y se convirtieron en un mero apéndice de la administración
central.
Política de orden público. A la vez, el Directorio afrontó
la solución de los problemas de orden público, que habían sido, como sabemos,
una de las principales preocupaciones de los gobiernos. Mantuvo en vigor durante
meses la declaración del estado de guerra, adoptó medidas represivas contra las
organizaciones obreras como la
CNT y promovió, aunque con poco éxito, la extensión del
somatén catalán como instrumento de control social.
Nacionalismo de Estado. Una tercera línea de actuación del
régimen dictatorial fue la de fomentar un nacionalismo de Estado, de carácter
unitario, como lo definió Calvo Sotelo. Algunos sectores nacionalistas, como la Lliga
de Cambó, apoyaron
inicialmente el golpe de Primo de Rivera, pero las medidas
adoptadas por el Directorio socavaron las bases institucionales del catalanismo. La
supresión de la Mancomunidad de Cataluña (1925), la restricción del empelo de las
lenguas propias, la prohibición de
símbolos identitarios, provocaron una radicalización de las
posturas y facilitaron la adhesión de los nacionalismos periféricos al
republicanismo.
La solución al problema de Marruecos. Una cuarta línea de
actuación del Directorio Militar iba destinada a solucionar el problema
de Marruecos. En la cuestión de las responsabilidades, se celebró el juicio contra los
encausados y se concedió una
amnistía para los generales (Berenguer). Más delicado era
el tema de la posición española en Marruecos. Primo de Rivera había defendido una
postura abandonista, pero la situación cambió a partir de 1924, cuando el dictador
asumió personalmente el papel
de Alto comisario en Marruecos. La alianza militar con
Francia hizo posible el desembarco de Alhucemas (septiembre de 1925) y la derrota
de Abd el Krim (1926).
2. Un régimen corporativo.
El Directorio Civil. La Dictadura de Primo de Rivera,
además de constituir un régimen político de carácter autoritario, se define por su
carácter corporativo. El corporativismo, una de las respuestas en la época de
entreguerras a la crisis del liberalismo, mantendrá la tesis de que la sociedad funciona
mejor si existen cuerpos
intermedios, agrupaciones, que regulan las relaciones
sociales y que sirven de intermediarios entre los individuos y el Estado. El ejemplo
del fascismo italiano, espejo en el que quería mirarse el dictador, acentuó esta
orientación política. La política corporativa fue obra fundamental del Directorio Civil,
constituido a finales de 1925. En
este gobierno conviven ministros militares y civiles (Calvo
Sotelo, E. Aunós, Conde de Guadalhorce). El paso de un Directorio Militar a otro Civil
revelaba de forma inequívoca la voluntad de permanencia de Primo de Rivera en
el poder.
Las bases políticas del régimen. Uno de los objetivos
básicos de Primo de Rivera era la lucha contra “la vieja política” y la
creación de un nuevo régimen sobre bases distintas del modelo liberal. Todos los pasos dados
en esta dirección fueron, sin embargo, incompletos, de modo que la dictadura no logró
fundar un Estado nuevo. La
aspiración del dictador de institucionalización del régimen
quedó bloqueada a parir de 1928 y ésta fue una de las causas de su posterior caída.
Un partido nuevo y único: la Unión Patriótica. Frente a la
diversidad de partidos
políticos del liberalismo, la dictadura se proponía la
creación de un partido único y diferente de los partidos liberales; la primera Unión
Patriótica se constituyó en Valladolid en 1924 y se extendió, gracias al apoyo de los
gobernadores, por toda España. El partido nació y se mantuvo impulsado y protegido
por el poder. Nunca llegó
a ser un partido de masas, más bien un grupo de presión.
Asamblea Nacional Consultiva. Frente a la competencia
política expresada en votos, el régimen propone la representación de carácter
corporativo y el sufragio indirecto. A este modelo de Parlamento corporativo
respondía la Asamblea Nacional
Consultiva (1927). Se introdujo el voto corporativo de
resonancias fascistas. Existían tres grupos de representantes: uno provincial, otro de las
corporaciones económicas y un tercer grupo del Estado. La Asamblea no llegó a ser un
Parlamento, sino un
pseudoparlamento, con carácter consultivo, en el que
rechazaron entrar numerosas personalidades de la vida política que fueron invitadas.
El anteproyecto de Constitución. Nada más constituirse la
Asamblea Nacional, recibió el encargo de elaborar un anteproyecto de
Constitución, basada en los principios innegociables de unidad nacional, confesionalidad del
Estado y unicameralismo. El
proyecto, presentado a la Asamblea en junio de 1929,
contemplaba un Estado unitario, la cosoberanía del rey y las Cortes, el poder ejecutivo lo
ejerce el rey y se creaba un Consejo del Reino para evitar el desgaste excesivo del
monarca. Las Cortes veían sus
atribuciones drásticamente recortadas, podían iniciar actos
legislativos de acuerdo con el Rey, pero que no afectaran a la política exterior, la
reforma constitucional, la defensa
y los problemas fiscales o de hacienda. Todos los sectores
liberales, desde la derecha
conservadora hasta la izquierda democrática, lo rechazaron
y este rechazo generalizado dejaba al gobierno en un callejón sin salida.
El nacionalismo económico. Las ideas inspiradoras de la
Dictadura en materia económica fueron de dos tipos: el intervencionismo del
Estado y el nacionalismo económico. En ambos casos, el régimen no hacía sino
profundizar tendencias que arrancaban de finales del siglo XIX.
Fomento de la producción interior. La época de dictadura
destaca especialmente por su obsesión por fortalecer el mercado nacional y apoyar
la producción interior. Esta política, que anuncia la opción autárquica del franquismo,
estaba guiada por la necesidad de evitar que sectores clave de la economía
española sufriesen dependencias externas. Las medidas tomadas incluían subvenciones
estatales, estímulos fiscales y crediticios, principalmente a compañías ferroviarias,
navieras y mineras.
La política de obras públicas completa el apoyo a la
producción interior. El Estado construyó vías de comunicación y diseñó el viejo
proyecto de Joaquín Costa del aprovechamiento del agua con fines agrícolas; se modernizó
la red ferroviaria y la red
de carreteras, pero en todos los aspectos, las
realizaciones quedaron lejos de los objetivos.
Creación de monopolios. Una de las herencias más notables
que dejó la Dictadura fue la creación de monopolos para la explotación
de ciertos productos, lo que dio lugar a la Compañía Telefónica, en manos de la ITT
(1924), o la creación de CAMPSA, en 1927, para importar, refinar y distribuir el
petróleo en España.
Política social corporativa. La ideología corporativista se
puso de manifiesto, de forma muy especial, en la organización de las relaciones
laborales según un modelo en el que las actividades de cada uno de los sectores
productivos debían estar organizadas en una corporación que integrase a patronos y
obreros, con el Estado como garante. El objetivo final era evitar la conflictividad
obrera, mediante la implicación de los trabajadores en la solución de los conflictos
laborales.
La estructura organizativa de esta política, diseñada por
E. Aunós, descansaba en la Organización Corporativa Nacional, creada en 1926, que
agrupaba los comités paritarios de cada uno de los oficios. La pieza clave del
éxito de esta política social fue
la colaboración de la UGT, que no sólo monopolizó la
representación obrera en los comités, sino que participó en diversos órganos del
régimen. Largo Caballero, por ejemplo, fue miembro del Consejo de Estado desde 1924.
De forma paralela, la Dictadura promovió una extensa
legislación social, desde la promoción de viviendas obreras (“casas baratas”) hasta
la protección laboral de la mujer. Parte de esa legislación fue recogida en el Código
de Trabajo (1926).
3. El fin de la Dictadura.
A partir de 1928, la fortaleza del régimen comenzó a
resquebrajarse. Sus aspiraciones de lograr su institucionalización se vieron
frustradas por el escaso apoyo obtenido por la Asamblea Consultiva y la incapacidad para
dar una salida constitucional al régimen. Por otra parte, las relaciones con el monarca
se fueron enfriando
progresivamente y, además, surgieron poderosos movimientos
de oposición, procedentes de sectores muy diversos.
La oposición a la Dictadura. La oposición a la Dictadura,
salvo en casos aislados como el de Unamuno, tardó en manifestarse, pero a
partir de 1928 se produjo una súbita reaparición de la conflictividad. Se trató de
conflictos políticos, militares, económicos y universitarios no excepcionalmente graves,
pero generaron una creciente
desconfianza sobre la capacidad del régimen para impulsar su
institucionalización y garantizar su continuidad.
El conflicto militar. En el ejército, la política de Primo
de Rivera provocó una fuerte división. La solución al problema marroquí no
garantizó al dictador el apoyo total del ejército y cuando trató de modificar el sistema de
ascensos y acabar con la escala
cerrada reencontró con una fuerte oposición, sobre todo en
el arma de Artillería, que acabó disolviendo en 1929, contra la opinión del rey ante
el desconcierto de muchos militares.
La protesta estudiantil. La decisión del ministro de
Instrucción Pública de autorizar en el nuevo Estatuto Universitario la expedición
de títulos a las universidades de los agustinos en El Escorial y de los jesuitas en Deusto
provocó la rebelión de los estudiantes, dirigidos por la Federación Universitaria
Española, que originó numerosos
conflictos de orden público. El cierre de las universidades
de Madrid y Barcelona, provocó la renuncia a sus cátedras de significativas
personalidades del mundo universitario (Ortega, Sánchez Román, Jiménez de Asúa).
Los problemas económicos. En 1929 el prestigio económico de
la Dictadura se derrumbó. La peseta, cuya fortaleza se había presentado
como símbolo del resurgir español, se depreció con brusquedad, ante el aumento del
gasto público y el déficit en la
balanza exterior. El régimen y en especial su ministro de
Hacienda, Calvo Sotelo, ya no generaban confianza en los círculos económicos y
financieros del país.
La caída de Primo de Rivera. Así, ante la acumulación de
problemas y conflictos en 1929, sin partido de masas en el que
sustentarse, incapaz de institucionalizarse, como hemos visto, no era posible que
la Dictadura pudiera continuar. El deterioro fue imparable. En enero de 1929 una
intentona de pronunciamiento militar, cuya dirección política corrió a
cargo de Sánchez Guerra, fue abortada, pero el proceso contra los sublevados acabó
convirtiéndose más en un proceso contra el régimen. En febrero, estalló el conflicto de
artillería mencionado. En marzo, el cierre de la Universidad de Madrid. En octubre, el
derrumbamiento de la peseta. En ese contexto, el distanciamiento entre el rey y el dictador se
hizo cada vez más evidente y algunos ministros de la Dictadura eran ya partidarios de
que se reunieran las antiguas Cortes. Así, aislado, en enero de 1930, Primo de Rivera
consultó a los capitanes generales para ver si contaba con su apoyo. Negado éste,
optó por dimitir el día 28. El
monarca encarga formar gobierno al gobierno al general
Dámaso Berenguer.
4. La caída de la Monarquía.
La caída de la Dictadura irá seguida, de cerca, del fin de
la Monarquía. El breve periodo que va desde enero de 1930 a abril de 1931 es una
especie de prolongación del sexenio 1917-1923, si bien ahora la necesidad unánimemente
sentida de cambio
constitucional se orienta en el sentido republicano.
Políticos republicanos, socialistas y catalanistas de izquierda se ponen de acuerdo, desde agosto
de 1930, en una estrategia y
objetivo comunes Pacto de San Sebastián).
Los intelectuales –Ortega, Marañón, Pérez de Ayala- se decantan
resueltamente por la república. Los medios obreros se agitan e intentan
una huelga general, en diciembre de 1930, sincronizada con una sublevación
republicana en Jaca. Los militares
han perdido su cohesión monárquica y no son partidarios de
restaurar un régimen desacreditado como la Dictadura. Así, se extiende la idea
generalizada de que sólo habría democracia si el rey se marcha y el sistema de
partidos republicanos crece con
rapidez.
En el otro lado, el rey había perdido el apoyo de los
sectores acomodados y de las clases medias y, además, los partidos Conservador y
Liberal estaban desorganizados.
Aún así, se intentó dar una salida constitucionalista. Ante
la necesidad de convocar elecciones, se creyó prudente comenzar por las municipales.
El 12 de abril de 1931, el resultado electoral dio un claro triunfo en las grandes
ciudades a la coalición de socialistas y republicanos. La mayoría de los ministros y el rey con ellos –excepto
Juan de la Cierva- se mostraron enemigos del recurso a la violencia. Los altos
mandos del Ejército (Berenguer) y de la Guardia Civil (Sanjurjo) se inclinaron
por una posición de prudencia y neutralidad. El rey aceptó al ultimátum del
Comité Revolucionario,
presidido por Alcalá Zamora, y decidió suspender el
ejercicio de sus funciones, abandonando España y dejando paso a la República. El 14 de
abril de 1931, constituido el Comité Revolucionario en gobierno provisional, se
proclamó la República, en medio
del entusiasmo general.
TEXTOS
España sin pulso.
(…) España: dondequiera que se ponga el tacto, no se
encuentra el pulso.
Monárquicos, republicanos, conservadores, liberales, todos
los que tengan algún
interés en que este cuerpo nacional viva, es fuerza se
alarmen y preocupen con tal
suceso. Las turbulencias se encauzan; las rebeldías se
reprimen; hasta las locuras se
reducen a la razón por la pena o por el acertado régimen,
pero el corazón que cesa de
latir y va dejando frías e insensibles todas las regiones
del cuerpo, anuncia la
descomposición y la muerte al más lego (…).
La degeneración de nuestras facultades y potencias
tutelares ha desbaratado
nuestra dominación en América y tiene en grave disputa la
del Extremo Oriente; pero
aún es más grave que la misma corrupción y endeblez, el
avance desde las extremidades
a los organismos más nobles y precisos del tronco, y ello
vendrá sin remedio si no se
reconstituye y dignifica la acción del Estado. Engañados
grandemente vivirán los que
crean que por no vocear los republicanos en las ciudades,
ni alzarse los carlistas en la
montaña, ni cuajar los intentos de tales o cuales jefes en
los cuarteles, ni cuidarse el país
de que la imprenta calle, o las elecciones se mixtifiquen,
o los ayuntamientos exploten
sin ruido las concejalías y los gobernadores los juegos y
los servicios, está asegurado el
orden y es inconmovible el Trono, y nada hay que temer ya
de los males interiores que a
otras generaciones afligieron. Si pronto no se cambia
radicalmente el rumbo, el riesgo
es infinitamente mayor (…).
El riesgo es el total quebranto de nuestros vínculos
nacionales y la condenación,
por nosotros mismos, de nuestro destino como pueblo europeo
(…)
Francisco Silvela: “Sin pulso”, El Tiempo, Madrid, 16 de
agosto de 1898.
LEY ELECTORAL DE 1907
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey
de España.
(…)
Artículo 1º Son electores para diputados a Cortes y
concejales todos lo españoles
varones mayores de veinticinco años que se hallen en pleno
goce de sus derechos civiles
y sean vecinos de un Municipio, en que cuenten dos años al
menos de residencia.
Las clases de mar e individuos de tropa que sirvan en los
ejércitos de mar o
tierra no podrán emitir su voto mientras se hallen en
filas.
Lo mismo se establece respecto a los que se encuentren en
condiciones
semejantes dentro de otros cuerpos o institutos armados (…)
Art. 2º Todo elector tiene el derecho y el deber de votar
en cuantas elecciones
fueren convocadas en su distrito
(…)
Art. 4º Son elegibles para el cargo de diputados a Cortes y
concejales todos los
españoles varones de estado seglar, mayores de veinticinco
años, que gocen todos lo
derechos civiles
(…)
Art. 21 En los distritos en que deba elegirse un diputado o
un concejal, cada
elector no podrá dar válidamente su voto más que a una
persona. Cuando se elija más de
uno, hasta cuatro, tendrá derecho a votar uno menos del
número de los que hayan de
elegirse, a dos menos si se eligieran más de cuatro, a tres
menos si se eligieran más de
ocho, y cuatro menos si se eligieran más de diez (…).
Art. 29 En los distritos donde no resultaren proclamados
candidatos en mayor
número de los llamados a ser elegidos, la proclamación de
los candidatos equivale a su
elección y les releva de la necesidad de someterse a ella
(…)
Gaceta de Madrid, de 10 de agosto de 1907.
LEY DEL CANDADO.
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución,
Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
que las Cortes han
decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo único. No se establecerán nuevas asociaciones
pertenecientes a Órdenes
o Congregaciones religiosas canónicamente reconocidas, sin
la autorización del
Ministerio de Gracia y Justicia consignada en Real decreto,
que se publicará en la
Gaceta de Madrid, mientras no se regule definitivamente la
condición jurídica de las
mismas.
No se concederá dicha autorización cuando más de la tercera
parte de los
individuos que hayan de formar la nueva Asociación sean
extranjeros.
(…)
Dado en Palacio a veintisiete de diciembre de mil
novecientos diez.
YO EL REY
El Presidente del Consejo de Ministros. José Canalejas.
Gaceta de Madrid, 28 de diciembre 1910.
La crisis de 1917.
A los obreros y la opinión pública: ha llegado el momento
de poner en práctica,
sin vacilación alguna, los propósitos anunciados por los
representantes de la Unión
General de Trabajadores y la Confederación Nacional del
Trabajo en el Manifiesto
suscrito por estos organismos en el mes de marzo último.
Durante el tiempo transcurrido desde esta fecha al momento
actual, la
afirmación hecha por el proletariado de demandar, como
remedio de los males que
padece España, un cambio fundamental de régimen político ha
sido corroborada por la
actitud que sucesivamente han ido adoptando importantes
organismos nacionales, desde
la enérgica afirmación de la existencia de las Juntas de
Defensa del Arma de Infantería,
frente a los intentos de disolución de estos organismos por
los poderes públicos, hasta la
Asamblea de Parlamentarios celebrada en Barcelona el 19 de
julio, y la adhesión a las
conclusiones de esta Asamblea de numerosos Ayuntamientos,
que dan el público
testimonio de las ansias de renovación que existen en todo
el país. Durante los días
febriles en los cuales se han producido estos
acontecimientos, el proletariado español ha
dado pruebas de serenidad y reflexión, que tal vez hayan
sido interpretadas por las
oligarquías que detentan el Poder como manifestación de
falta de energía y de
incomprensión de la gravedad de las circunstancias actuales
(…).
Si tal idea se han formado los servidores de la Monarquía
española, se han
engañado totalmente. El pueblo, el proletariado español, ha
asistido en silencio durante
estos últimos meses a un espectáculo vergonzoso, mezcla de
incompetencia y de
repulsiva jactancia, de descarado desprecio de la vida y de
los derechos del pueblo e
impúdica utilización de las más degradantes mentiras como
supremo recurso del
Gobierno (…).
Y si esto han hecho los poderes públicos con las clases
sociales en cuya
adhesión han buscado siempre las más firmes garantías de su
existencia y dominio, ¿qué
no habrán hecho con el pueblo inerme e indefenso bajo un
régimen constitucional
ficticio, bajo un régimen económico de miseria y
despilfarro, y en un estado cultural
mantenido por los oligarcas en el más bajo nivel, y sobre
el cual la masa ciudadana sólo
puede irse paulatinamente elevando merced a ímprobos y
perseverantes esfuerzos?
Comité de huelga, 12 de agosto de 1917.
MANIFIESTO DE PRIMEO DE RIVERA
Al País y al Ejército.
Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido
que esperado
(porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y
que ella rigiera sin
interrupción la vida española) de recoger las ansias, de
atender el clamoroso
requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella
otra salvación que liberarla
de los profesionales de la política, de los hombres que por
una u otra razón nos ofrecen
el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año
98 y amenazan a España
con un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de
concupiscencias ha cogido en
sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. Con
frecuencia parecen pedir que
gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo
a los que han sido su único,
aunque débil freno, y llevaron a las leyes y costumbres la
poca ética sana, el tenue tinte
de moral y equidad que aún tienen; pero en la realidad se
avienen fáciles y contentos al
turno y al reparto, y entre ellos mismos designan la
sucesión.
Pues bien, ahora vamos a recabar todas las
responsabilidades y a gobernar
nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y
doctrina. Basta ya de
rebeldías mansas que, sin poner remedio a nada, dañan tanto
y más a la disciplina, que
está recia y viril, a que nos lanzamos por España y por el
Rey.
Este movimiento es de hombres: el que no sienta la
masculinidad completamente
caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar, los
buenos días que para la Patria
preparamos. Españoles: ¡Viva España y viva el Rey!
No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano
demanda e impone.
Asesinatos de prelados, exgobernadores (…), rastreras
intrigas políticas, tomando por
pretexto la tragedia de Marruecos; incertidumbre ante este
gravísimo problema
nacional, indisciplina social (…), impune propaganda
comunista (…).
Miguel Primo de Rivera, Capitán General de la Cuarta
Región.
La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 1923.
ESPAÑA EN 1924.
No es casual que el movimiento haya estallado en Barcelona,
ni poco
significativo que el dictador desempeñase últimamente la
Capitanía General de
Cataluña. El equipo de estos militares está confeccionado
en mucha parte con género
catalán (…). Cataluña alberga, junto a las manifestaciones
más violentas del espíritu
revolucionario, las fuerzas de acción represiva y regresiva
más potentes y mejor
organizadas de la Península (…).
España está hoy acogotada, más que gobernada por su
ejército. Sin Cortes, sin
prensa, sin jurado, sin libertades de ninguna especie. Por
todas partes, generales y
oficiales: en los gobiernos civiles en las direcciones
generales, en las subsecretarías, en
los chef-lieus de cada distrito, ¡hasta en la dirección del
matadero de Madrid! Se gastan
millones en Marruecos y se suprimen conserjes en los
ministerios; se clausuran escuelas
y cátedras, se cierra el Ateneo (la histórica institución
cultural de Madrid), se persigue el
uso de la lengua catalana, se difama a los políticos que
formó el rey (…) Unamuno, el
gran escritor, acaba de ser destituido de su cátedra en la
Universidad de Salamanca y
enviado entre policías a un islote de las Canarias…
M. Azaña, La dictadura en España, 1924.
EL ERROR BERENGUER.
La dictadura ha sido un poder omnímodo que no sólo ha
operado sin ley ni
responsabilidad, (…) sino que no se ha circunscrito a la
órbita de lo público, antes bien
ha penetrado en el orden privadísimo brutal y soezmente.
(…)
No hay punto de la vida española en que la Dictadura no
haya puesto su innoble
mano de sayón. (…).
He tenido que evocar con in mínimum de evidencia lo que la
Dictadura fue. Hoy
parece un cuento. Yo necesitaba recordar que no es un
cuento, sino que fue un hecho.
Y que a ese hecho responde el régimen Berenguer, cuya
política significa:
volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más
normales, hagamos
“como si” aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo,
sustancialmente anormal.
Eso, eso es todo lo que el régimen puede ofrecer, en este
momento tan difícil
para Europa entera, a los veinte millones de hombres ya
maltraídos de antiguo, después
de haberlos vejado, pisoteado, envilecido y esquilmado
durante siete años. Y, no
obstante, pretende, impávido, seguir al frente de los
destinos históricos de esos
españoles y de esta España (…) Pero esta vez se ha
equivocado. Este es el error
Berenguer. (…) El régimen sigue solitario, acordonado como
leproso en lazareto. (…)
Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no
el régimen mismo,
nosotros, gente de la calle, de tres al cuarto y nada
revolucionarios, quienes tenemos que
decir a nuestros conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado
no existe! ¡Reconstruidlo!.
Delenda est Monarchia.
José Ortega y Gasset. El sol (15 de noviembre de 1930).
BIBLIOGRAFÍA.
Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL: Historia económica de
España
contemporánea. Barcelona, Crítica, 2004.
Julián CASANOVA: Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo
en España,
2010.
Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: La España de Primo de Rivera. La
modernización autoritaria 1923-1930. Madrid, Alianza
Editorial, 2005.
José María JOVER Y Guadalupe GÓMEZ-FERRER: ”La crisis de la
Monarquía
Parlamentaria”, en José María JOVER, Guadalupe GÓMEZ-FERRER
y Juan Pablo
FUSI: España: sociedad, política y civilización (siglos XIX
y XX), Madrid, Debate,
2001 pp. 507-574.
Alejandro QUIROGA FERNÁNDEZ SOTO: Haciendo españoles. La
nacionalización de las masas en la Dictadura de Primo de
Rivera (1923-1930). Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.
