viernes, 12 de junio de 2020

HISTORIA CONTEMPORÁNEA – TEMA 6 - LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939) (guadahumi4)


TEMA - 6


 LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)  

Los intentos renovadores de la República española (1931-1936) se ahogaron con la Guerra Civil. Una guerra que encierra muchos conflictos simultáneos, conflictos que enfrentan dictadura y democracia, revolución y contrarrevolución, fascismo y
comunismo; una guerra que, al internacionalizarse, es prólogo de la II Guerra Mundial y que, por cuestiones prácticas, vamos a dividir en dos capítulos: la sublevación militar, las primeras acciones desarrollo de la guerra e internacionalización del conflicto es el
primero; en el segundo, estudiamos la evolución política de las dos zonas durante la guerra y las consecuencias de la misma.

1. LA SUBLEVACIÓN MILITAR. PRIMERAS ACCIONES, DESARROLLO DE LA GUERRA E INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO.

I. La sublevación militar.

Desde la victoria del Frente Popular en las elecciones, se fueron configurando una serie de conspiraciones contra la República desde distintos sectores. La más importante, en torno a Mola y otros generales, a los que se unieron elementos civiles de la CEDA
(Serrano Súñer, Gil Robles), tradicionalistas del carlismo, falangistas y alfonsinos. La historiografía reciente pone el foco sobre uno de estos elementos poco conocidos hasta ahora: la importancia de los manejos monárquico-fascistas contra la República. Una
amalgama que explica la dificultad de un objetivo final común, más allá del derribo del gobierno de Frente Popular.

Los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga no prestaron suficiente atención a los rumores de insurrección, más allá de desplazar fuera de Madrid a generales de dudosa lealtad a la República (Mola, Franco, Goded…) y aún en esto no estuvieron especialmente
acertados. Tras varios retrasos sobre la fecha inicial prevista (abril de 1936), la sublevación se inició en Melilla el 17 de julio y se extendió por el Protectorado de Marruecos al tiempo que Franco volaba desde Canarias para ponerse al frente del ejército
de África. El día 18 la sublevación se extendió por el resto del territorio. Triunfó en la España interior conservadora, en Galicia y Andalucía oriental, junto con algunas ciudades como Zaragoza, Sevilla y Oviedo. Fracasó en Madrid, Cataluña, País Vasco, Levante,
Andalucía occidental y Castilla La Nueva.

El fracaso del golpe cristalizó en dos bandos con fuerzas bastante equilibradas.

Los sublevados dominan unos 230.000 kilómetros cuadrados. Militares conservadores, propietarios agrarios, monárquicos de derechas, católicos, tradicionalistas… un conglomerado diverso que sólo permitía acuerdo en aspectos muy generales en torno a la
defensa de la Iglesia, del orden, la integridad territorial, la destrucción de la democracia…, pero no había acuerdo unánime sobre la forma del nuevo régimen una vez destruida la República. Estaban en él la mayoría de los militares profesionales, oficiales,
jefes y generales; contaba con el mejor ejército –Regulares y Legión-; además, contaba con las milicias falangistas y requetés.
Por su parte, la República dominaba unos 270.000 km cuadrados y contaba con el apoyo de las clases populares, organizaciones sindicales y partidos socialistas, comunistas y hasta anarcosindicalistas. Sus principios eran la defensa de la democracia, el pluralismo, la redistribución de la tierra y la concesión de autogobierno. Desde el punto de vista militar, contaba con algunos miles de oficiales leales, con 160.000 soldados de tropa, con
mayoría de Aviación y Marina. Pronto se unieron las milicias del Frente Popular, que dependían de partidos y sindicatos, pero contaban con escasa preparación militar. En Cataluña y en el País Vasco, las fuerzas nacionalistas apoyaron también a la República.
Tenía el control de las zonas más industrializadas y urbanizadas, además de las reservas del Banco de España.

II. Desarrollo de la Guerra Civil.

Durante los casi tres años que duró, la Guerra Civil pasó por varias etapas.

El avance hacia Madrid (julio de 1936-marzo del 1937) es el objetivo inicial de los sublevados, en la doble creencia de que la capital caería pronto y de que esa caída significaría el fin de la guerra. Pero el ataque de Mola por el norte fue detenido en Guadarrama y Somosierra. Franco, en cambio, que atravesó el Estrecho por el aire con ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, avanzó con rapidez a través de Andalucía occidental y Extremadura hacia la capital –tras la simbólica liberación del Alcázar de Toledo- y se presentó en Madrid a principios de noviembre. Ahora bien, la toma de la capital, de donde el gobierno republicano había salido para instalarse en Valencia, no fue posible gracias la reorganización del ejército con el gobierno de Largo Caballero y la llegada de material soviético.

El fracaso de la ofensiva sobre Madrid obligó a un cambio de estrategia a los sublevados, que se vieron reforzados por la llegada de la ayuda alemana -Legión Cóndore italiana –las CTV-. Las batallas del Jarama y Guadalajara tenían como objetivo
estrangular la ciudad de Madrid, pero también fracasaron en su empeño.

La guerra del Norte (marzo a noviembre de 1937) fue el siguiente objetivo de los sublevados, que iniciaron una ofensiva en la primavera de 1937 sobre un frente dividido y aislado del resto de la República. La participación de la Legión Cóndor, que inició con
la destrucción de Guernica el bombardeo de la población civil, resultó decisiva.

Sucesivamente cayeron el País Vasco, Cantabria y, finalmente, Asturias, sin que las batallas de Brunete y Belchite, que la República planificó para distraer los ataques del norte, tuvieran el efecto esperado. Franco podía disponer de la siderurgia vasca que había
quedado intacta en los ataques.

El avance hacia el Mediterráneo (finales de 1937-junio de 1938). Tras la pérdida del norte, el ejército republicano se reorganizó e integró los cuadros procedentes de las milicias. Un ataque sobre Teruel pretendía tomar la ciudad y dar la iniciativa a una República que hasta entonces sólo había tenido éxito en acciones defensivas, pero nunca ofensivas. Aunque la ciudad se tomó inicialmente, un inmediato contraataque de Franco la recuperó. Después, el ejército sublevado se dirigió hacia el Mediterráneo y una vez alcanzó éste, en abril de 1938, la República quedó partida en dos.

La Batalla del Ebro (julio de 1938 a febrero de 1939) fue uno de los episodios de mayor envergadura militar de toda la guerra. La inició un ataque republicano en julio de 1938, entre Mequinenza y Amposta. Tras la sorpresa inicial que permitió cruzar el río
a los republicanos, el ejército franquista reaccionó con rapidez y consiguió parar el ataque, primero, e iniciar la ofensiva, después. La República quemó sus últimos cartuchos y, a partir de entonces, quedó en franca inferioridad estratégica y de recursos. Luego, se inició la ofensiva sobre Cataluña, ofensiva que consiguió la caída de Barcelona a finales de enero de 1939. Decenas de miles de exiliados cruzaron la frontera por cualquier medio que les fue posible.

El final de la guerra se veía próximo tras la pérdida de Cataluña. Sólo el presidente Juan Negrín y los comunistas creían aún en la posibilidad de la resistencia a ultranza, sobre todo cuando ya Francia y Reino Unido reconocieron al régimen de Franco
en el mes de febrero. En esa tesitura, una sublevación en Madrid contra el gobierno republicano, dirigida por el coronel Casado, dio lugar a una Junta de Defensa, con la vana esperanza de poder negociar una paz honrosa y sin represalias. Pero Franco no acepta más que la rendición sin condiciones. El 28 de marzo, las tropas entraron en Madrid y el 1 de abril Franco dio por finalizada la guerra.


III. La internacionalización del conflicto.

 La guerra de España fue percibida como un ensayo del enfrentamiento entre democracia, fascismo y comunismo, a nivel
mundial. Por eso, a pesar de tratarse de un conflicto interno, todo el mundo tomó partido ante dicho acontecimiento: gobiernos, opinión pública, intelectuales y pensadores.

También por eso, la política de muchos gobiernos estuvo motivada por el temor a que la guerra se exportara a Europa, ante el panorama internacional tan complejo y tenso.

Gran Bretaña defendía una política de apaciguamiento ante la Alemania nazi y advirtió a Francia que no apoyaría su política internacional ante la amenaza de Hitler si intervenía en España. De ese modo, a pesar de las simpatías del régimen francés, con un
gobierno también de Frente Popular, hacia su homólogo español, se abstuvo de intervenir y firmó el Comité de No-Intervención. Este Comité se creó en agosto de 1936, con sede en Londres. Fue firmado por 27 países, incluso por Alemania, Italia y la URSS. En la
práctica, resultó injusto con la República, un régimen constitucional y legítimo, que se vio privada del derecho a adquirir armas para defenderse de una insurrección. Las ayudas al bando republicano provinieron en primer lugar de la URSS, que envió armas (carros
y aviones), asesores militares y consejeros políticos, que tuvieron una papel destacado en la guerra. Una ayuda que se pagó a cargo de las reservas de oro del Banco de España que
el gobierno de Largo Caballero envió a Moscú, ante la falta de apoyo de las democracias liberales. En menor cuantía, también recibió ayuda de México.

A las ayudas estatales, habría que añadir la presencia de las Brigadas Internacionales. Combatientes voluntarios, comunistas en su mayoría, de decenas de países que acudieron en auxilio de la República. Unos 40.000 hombres que tuvieron un destacado papel en la defensa de Madrid y en la Batalla de Guadalajara, entre otros
hechos. Fueron licenciadas tras la batalla del Ebro.

Los sublevados se vieron mucho más favorecidos por el apoyo exterior, pues la  ayuda alemana e italiana, que no dejó de llegar durante todo el tiempo que duró la guerra,
fue decisiva. Alemania proporcionó material militar abundante (artillería, carros de combate), asesores militares y, sobre todo, la Legión Cóndor, que ensayaría en España sus ataques de la II Guerra Mundial. Su bombardeo de Guernica, en abril de 1937, se
convirtió en símbolo de la barbarie de la guerra. Italia, por su parte, contribuyó con material bélico y con tropas (CTV) de fascistas italianos, al mando del general Roatta, y participaron en acciones importantes con éxito desigual, como la toma de Málaga o la
batalla de Guadalajara. Portugal también tomó partido decidido por los sublevados, permitió el uso de sus puertos como puntos de aprovisionamiento y envió un cuerpo de
tropas, los Viriatos. El ejército de regulares marroquíes no puede considerarse como ayuda extrajera, puesto que pertenecían al protectorado español.

2. LA GUERRA CIVIL: LA EVOLUCIÓN POLÍTICA EN LAS DOS ZONAS Y SUS CONSECUENCIAS.

I. Evolución en la zona republicana.

El golpe de Estado produjo una desestructuración del Estado republicano y la disolución del poder en manos de los comités locales y el gobierno se vio incapaz de recomponer el orden durante las primeras semanas de la guerra.

Tras el fracaso de la opción negociadora encabezada por Martínez Barrios, se optó por un gobierno formado por republicanos de izquierda y presidido por Giral.

Un gobierno que se vio desbordado desde el principio, incapaz de imponerse, que reconoció la Milicia voluntaria y la revolución colectivista en Cataluña, Aragón, La Mancha y Andalucía. Del mismo modo, se vio impotente para detener la represión
espontánea que se desencadenó contra los llamados facciosos.
La marcha negativa de la guerra obligó a buscar un gobierno con más amplia participación y Francisco Largo Caballero parecía la solución adecuada para el restablecimiento de los poderes del Estado, por su ascendencia sobre la clase obrera. Su
gobierno, de septiembre de 1936 a mayo de 1937, estaba integrado por republicanos, socialistas, comunistas, sindicalistas e incluso, hecho insólito en la historia, anarcosindicalistas. Largo Caballero se propuso la reconstrucción del Estado sobre las bases de la militarización de las milicias, con la creación el ejército popular y la creación de brigadas mixtas, estableciendo reformas sociales y la legalización de las colectivizaciones. Pero tuvo que hacer frente a la oposición de los comunistas. El enfrentamiento, en el mes de mayo de 1937, en Barcelona entre los comunistas y los partidos republicanos que controlaban la Generalitat, por un lado, y los trotskistas del POUM y anarcosindicalistas de la CN y la FAI, por otro lado, provocaron la caída de Largo Caballero.

Se constituyó un nuevo gobierno presidido por Juan Negrín, en el que desaparecieron los ministros sindicalistas y aumentaron su influencia los comunistas.

Negrín, que era partidario de una política de resistencia a ultranza, llevó a cabo una ofensiva diplomática para conseguir el reconocimiento de la República como único poder legítimo en España. Su programa de gobierno –los Trece Puntos- para acabar con la guerra era ambicioso, confiando en que el complicado panorama internacional jugaría a su favor, hacía referencia a la consolidación del ejército regular, la centralización del
poder y el orden público; una política de resistencia a ultranza en el aspecto militar; la independencia de España y la República. Pero el Pacto de Munich, en septiembre de 1938, que parecía alejar la guerra de Europa, supuso un duro golpe para las esperanzas del
gobierno republicano. Tras la batalla del Ebro, Negrín rebajó sus exigencias a tres `puntos: salida de las tropas extranjeras, ausencia de represalias y régimen democrático.

La conspiración de Casado en Madrid y el reconocimiento de Franco por Inglaterra y Francia, en febrero de 1929, fueron el final ya comentado II Evolución política de los sublevados: creación de un Estado totalitario.

Tampoco entre los sublevados había un proyecto común, más allá de aniquilar la República. Pero la supremacía  del ejército, que se sobrepuso a las distintas opciones ideológicas, sirvió como elemento catalizador. Fue el ejército quien organizó el nuevo Estado.
La muerte del general Sanjurjo dejó el movimiento sin una dirección visible. La primera medida fue la creación de una Junta de Defensa Nacional formada por los generales y presidida `por el de mayor antigüedad -Cabanellas-. La Junta puede ser considerada como el embrión de un nuevo Estado y tomó las primeras medidas: supresión de la constitución, prohibición de los partidos políticos y derogación de la Ley de Reforma Agraria. 

Los éxitos iniciales de Franco y su habilidad política le permitieron hacerse con el control del nuevo Estado. El 1 de octubre fue nombrado Jefe del Gobierno de Estado y Generalísimo de los Ejércitos. Se estableció una Junta Técnica, con sede en Burgos. En
abril de 1937 se promulgó el Decreto de Unificación, que pretendía institucionalizar un modelo de Estado inspirado en el fascismo italiano, de Partido Único, con un jefe con plenos poderes. El Partido era una amalgama de los grupos ideológicos que habían apoyado la sublevación: Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
En enero de 1938 culminó el proceso de institucionalización del Estado franquista con la aprobación del primer gobierno en el que Franco concentraba la jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno, con el título de Caudillo de España. En ese primer gobierno estaban ya presentes las tres fuerzas que, con distinto peso según los momentos, permanecerían a lo largo de todo el régimen: Ejército, Falange e Iglesia. Poco después, en marzo, promulgó el Fuero del Trabajo, la primera de las leyes fundamentales del régimen, inspirada en la legislación fascista italiana, que sentó las bases de la organización corporativa del Estado y del sindicalismo vertical. La huelga quedaba prohibida. La legislación posterior reafirmó el control ideológico del régimen, con las leyes de Imprenta y de Prensa; la preeminencia de la Iglesia -se derogó el matrimonio civil y el divorcio, se estableció el culto religioso en la enseñanza y el ejército, la retribución estatal del clero-. Finalmente, la Ley de Responsabilidades Políticas consagró
la represión de los vencidos. 

III. Consecuencias de la Guerra.

La guerra civil fue una guerra total en la que la capacidad destructiva del  armamento empleado y los recursos movilizados fueron considerables. No llegaron a alcanzarse los niveles que se dieron poco después, durante la Segunda Guerra Mundial, pero se había producido un gran salto cualitativo con relación a los conflictos bélicos en los que España había participado anteriormente.
Consecuencias demográficas. El desarrollo de la contienda causó estragos inmensos en la vida de los españoles. Una verdadera sangría demográfica, difícil de evaluar con exactitud, tuvo lugar durante la guerra. Esta sangría demográfica influyó más
tarde en la caída de la natalidad.

Los estudios más rigurosos elevan las muertes en los frentes en una cantidad que se sitúa en torno a las 150.000 bajas. La represión de los dos bandos se cobró otras 140.000 víctimas, aproximadamente, a las que habría que sumar tal vez 50.000 más que fueron ejecutadas entre 1939 y 1945.

Medio millón de personas salió para el exilio (aunque una parte de las mismas regresaron después). Se marcharon bastantes de los mejores intelectuales y científicos de España del momento. Algunos partieron porque no pudieron mantener una postura equidistante entre los contendientes (Ortega, Falla, Marañón…). En términos culturales y científicos, España, pasó, sin solución de continuidad, de su edad de plata a ser un páramo yermo.

No pocos funcionarios fueron depurados; entre ellos, los maestros y los profesores se vieron especialmente afectados. La represión estuvo presente en la vida cotidiana. El simple hecho de no manifestar una actitud de fervorosa adhesión al régimen
podía desatar una grave persecución. Los vencidos vivieron un ambiente de gran incertidumbre. Su propio pasado les atenazaba. En Cataluña y el País Vasco la represión se dirigió también a destruir los elementos centrales de sus propias culturas y, por ello, se prohibió el uso público del catalán y del euskera.

Directamente afectados se vieron más de 400.000 españoles que fueron heridos en las operaciones militares y otros 300.000 prisioneros de guerra en las cárceles franquistas hasta 1945. Todo este drama humano marcó moralmente a la sociedad de la
posguerra y dificultó la reconciliación entre los vencedores y los vencidos.

En el terreno económico, la guerra civil tendrá también efectos desastrosos.

España se quedaba sin más de medio millón de hombres y mujeres laboralmente activos.

Se destruyeron total o parcialmente unas quinientas mil viviendas y quedaron inservibles la mitad del material ferroviario y un tercio de la marina mercante. Una tercera parte de la ganadería desapareció. La agricultura y la industria de algunas zonas sufrieron devastaciones muy apreciables. En conjunto, la guerra civil había supuesto pérdidas económicas por valor de 35.000 millones de pesetas de 1935. España retrocedió en su nivel de desarrollo y hasta bien entrada la década de los cincuenta no alcanzó el nivel prebélico.
Las consecuencias también se extendieron, por supuesto, al plano político. El franquismo parecía una dictadura más anticuada y tradicional que las establecidas por Hitler y Mussolini. Pero Franco permaneció en el poder durante casi cuarenta años. Uno
de los periodos de gobierno autoritario más largos de la Europa occidental. Cuarenta años sin libertades, de dictadura y de represión. Cuatro décadas en las que España siguió un
camino diametralmente apartado de la orientación democrática que habrían de tomar los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial.

TEXTOS

PROCLAMACIÓN DEL GENERAL MOLA (5-VI-1936).
Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, se constituirá un Directorio, que lo integrará un presidente y cuatro vocales militares [...] El Directorio ejercerá el Poder
con toda su amplitud; tendrá la iniciativa de los Decretos-Leyes que se dicten [...]
Los primeros Decretos-Leyes serán los siguientes:
a) Supresión de la Constitución de 1931.
b) Cese del presidente de la República y miembros del gobierno.
c) Atribuirse todos los poderes del Estado [...]
d) Defensa de la Dictadura Republicana [...]
e) Derogación de las Leyes y Reglamentos y disposiciones que no estén de
acuerdo con el nuevo sistema orgánico del Estado [...]
h) Restablecimiento de la pena de muerte en los delitos contra las personas [...]
Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo
antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados
todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al
movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los
movimientos de rebeldía o huelgas.
Conquistado el poder instaurará una militar que tenga por misión inmediata
restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al
ejército, para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho.
Madrid, 5 de junio de 1936. El Director.
LOS 13 PUNTOS DE NEGRÍN
Presentados el 30 de abril de 1937, antes de acceder a la jefatura de Gobierno, y
rechazados por Franco, que solo aceptaba la rendición incondicional.
1. Asegurar la independencia absoluta y la integridad total de España. Una
España totalmente libre de toda injerencia extrajera, sea cual sea su carácter y origen, con
su territorio peninsular e insular y sus posesiones intactas, y a salvo de cualquier tentativa
de desmembramiento, enajenación o hipoteca, conservando las zonas de protectorado
asignadas a España por los convenios internacionales mientras estos convenios no sean
modificados con su intervención y asentamiento. Consecuentemente, anejos a su tradición
e historia, España estrechará con los demás países de sus hablas los vínculos que imponen
una común raíz y el sentido de la universalidad que siempre ha caracterizado a nuestro
pueblo.
2. La liberación de nuestro territorio de las fuerzas militares extranjeras que
lo han invadido, así como de aquellos elementos que han acudido a España después de
julio de 1936 y, con el pretexto de una colaboración técnica, intervienen o intentan
dominar en provecho propio la ida jurídica y económica española.
3. República popular representada por un Estado vigorosa que se asiente
sobre principios de pura democracia y ejerza su acción a través de un Gobierno dotado de
la plena autoridad que confiere el voto ciudadano emitido por sufragio universal y que
sea el símbolo de un Poder Ejecutivo firme, dependiendo en todo tiempo de las directrices
y designios que marque el pueblo español.
4. La estructuración jurídica y social de la República será obra de la voluntad
nacional libremente expresada, mediante un plebiscito que tendrá lugar tan pronto termine
la lucha, realizado con plenitud de garantías, sin restricciones ni limitaciones, y
asegurando a cuantos en él tomen parte contra toda posible represalia.
5. Respecto a las libertades regionales sin menoscabo de la unidad española.
Protección y fomento al desarrollo de la personalidad y particularidades de los distintos
pueblos que integran España como lo imponen un derecho y un hecho histórico, lo que
lejos de significar una disgregación de la Nación, constituye la mejor soldadura entre los
elementos que la integran.
6. El Estado español garantiza la plenitud de los derechos al ciudadano en la
vida civil y social, la libertad de conciencia, y asegurará el libre ejercicio de las creencias
y prácticas religiosas.
7. El Estado garantizará la propiedad legal y legítimamente adquirida, dentro
de los límites que impongan el supremo interés nacional y la protección a los elementos
productores. Sin merma de la iniciativa individual impedirá que la acumulación de
riqueza pueda contribuir a la explotación del ciudadano y sojuzgue a la colectividad,
desvirtuando la acción controladora del Estado en la vida económica y social. A este fin
se impulsará el desarrollo de la pequeña propiedad, se garantizará el patrimonio familiar
y se estimularán todas las medidas que lleven a un mejoramiento económico, moral y
racial de las clases productoras. La propiedad y los intereses legítimos de los extranjeros
que no hayan ayudado a la rebelión, serán respetados y se examinarán con miras a las
indemnizaciones que correspondan a los perjuicios involuntariamente causados en el
curso de la guerra. Para el estudio de estos daños, el Gobierno de la República creó ya la
Comisión de Reclamaciones Extranjeras.
8. Profunda reforma agraria que liquide la vieja aristocrática propiedad
semifeudal que, carente de sentido humano, nacional y patriótico, ha sido siempre el
mayor obstáculo para el desarrollo de las grandes posibilidades del país. Asentamiento de
la nueva España sobre una amplia y sólida democracia campesina dueña de la tierra que
trabaja.
9. El Estado garantizará los derechos del trabajador a través de una
legislación social avanzada, de acuerdo con las necesidades específicas de la vida y de la
economía españolas.
10. Será preocupación primordial y básica del Estado el mejoramiento
cultural, físico y moral de la raza.
11. El Ejército español al servicio de la nación misma, estará libre de toda
hegemonía o tendencia de partido, y el pueblo ha de ver en él el instrumento seguro para
la defensa de sus libertades y de su independencia.
12. El Estado español se reafirma en la doctrina constitucional de renuncia a
la guerra como instrumento de política nacional. España, fiel a los pactos y tratados
apoyará la política simbolizada en la Sociedad de Naciones, que ha de seguir siendo su
norma; reivindica y mantiene los derechos propios del Estado español y reclama, como
potencia mediterránea, un puesto en el concierto de las naciones dispuestas siempre a
colaborar en el afianzamiento de la seguridad colectiva y en la defensa general de la paz.
Para contribuir de una manera eficaz a esta política, España desarrollará e intensificará
todas sus posibilidades de defensa.
13. Amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar en la
inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España. Después de una lucha
cruenta como la que ensangrienta nuestra tierra, en la que han surgido las viejas virtudes
del heroísmo e idealidad de la raza, cometerá un delito de alta traición a la patria aquel
que no reprima y ahogue toda idea de venganza y represalia; en aras de una acción común
de sacrificios y trabajos que por el porvenir de España estamos obligados a realizar todos
sus hijos.
Fuente: Álvarez, Santiago (1994): Negrín, personalidad histórica, Madrid,
Ediciones de la Torre, pp. 127-127)
PAZ, PIEDAD Y PERDÓN.
Discurso de Manuel Azaña, presidente de la República, en el Ayuntamiento
de Barcelona, el 18 de julio de 1938, en el que desgrana los puntos que
consideraba esenciales de la guerra.
La guerra civil está agotada en sus móviles porque ha dado exactamente todo lo
contrario de lo que se proponían sacar de ella, y ya a nadie le puede caber duda de que la
guerra actual no es una guerra contra el Gobierno, ni una guerra contra los gobiernos
republicanos, ni siquiera una guerra contra un sistema político: es una guerra contra la
nación española entera [...] La reconstrucción de España será , una tarea aplastante,
gigantesca, que no se podrá fiar al genio personal de nadie, ni siquiera de un corto número
de personas o de técnicos; tendrá que ser obra de la colmena española en su conjunto,
cuando reine la paz, una paz que no podrá ser más que una paz española y una paz
nacional, una paz de hombres libres [...] Este fenómeno profundo, que se da en todas las
guerras, me impide a mí hablar del porvenir de España en el orden político y en el orden
moral, porque es un profundo misterio, en este país de las sorpresas y de las reacciones
inesperadas, lo que podrá resultar el día en que los españoles, en paz, se pongan a
considerar lo que han hecho durante la guerra. Yo creo que si de esta acumulación de
males ha de salir el mejor bien posible, será con este espíritu, y desventurado el que no lo
entienda así. No voy a aplicar a este drama español la simplísima doctrina del adagio de
que “no hay mal que por bien no venga”. No es verdad. Pero es obligación moral, sobre
todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros queremos que se acabe,
sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la
antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que les hierva la
sangre iracunda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia y con
el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su
lección: la de esos hombres que han caído magníficamente por una ideal grandioso y que
ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían,
con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la
patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, piedad, perdón.
Fuente: Manuel Azaña, Discursos políticos, edición a cargo de Santos Juliá,
Crítica. Barcelona, 2003, pp. 489-494.
LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS.
El 9 de febrero, poco antes de finalizar la guerra, se promulgó la Ley de
Responsabilidades Políticas, que sancionaba con carácter retrospectivo toda actividad
política desacorde con el nuevo régimen.
Artículo 4º. (…) Quedan incursos en la responsabilidad política y sujetos a las
sanciones que les impongan en los procedimientos que contra ellos se sigan, las personas
individuales que se hallen comprendidas en alguno de los casos o supuestos siguientes:
a) Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos
de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación a la misma, o por los
de traición en virtud de causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento
Nacional.
b) Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y
asociaciones a que alcanza la declaración del artículo 2º, así como haber ostentado la
representación de los mismos en cualquier clase de corporaciones y organismos, tanto
públicos como privados.
c) Haber figurado, en virtud de inscripción efectuada antes del dieciocho de julio
de mil novecientos treinta y seis, y mantenida hasta esta fecha, como afiliado de los
partidos, agrupaciones y asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción
hecha de los simples afiliados a organismo sindicales.
d) Haber desempeñado cargos o misiones de carácter político o administrativo de
índole civil y calificada por nombramiento del Gobierno del Frente Popular, con
retribución o sin ella (…).
(…)
f) Haber convocado las elecciones para Diputados a Cortes del año mil
novecientos treinta y seis; formado parte del Gobierno que las presidió o desempeñado
altos cargos con el mismo, o haber sido candidato del Gobierno, o candidato, apoderado
o interventor de cualquiera de los partidos del Frente Popular y de sus aliados o adheridos
en ellas; o haber sido compromisarios de tales partidos para la elección de Presidente de
la República en el propio año.
g) Los Diputados que en el Parlamento de mil novecientos treinta y seis,
traicionando a sus electores, hayan contribuido, por acción o abstención, a la implantación
del Frente Popular y de sus programas.
h) Pertenecer o haber pertenecido a la Masonería, con excepción solamente de los
que hayan salido de la secta antes del diez y ocho de julio de mil novecientos treinta y
seis por baja voluntaria por haber roto explícitamente con ella o por expulsión de la misma
fundada en haber actuado en contra de los principios en que se inspira o los fines que
persigue.
i) Haber intervenido desde el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis,
salvo casos de justificación muy calificada, en tribunales u organismos de cualquier
orden, encargados de juzgar a personas por el solo hecho de ser adictas al movimiento
Nacional, o el haber sido los denunciantes de éstas o interviniendo en la incautación de
sus bienes a no ser que lo hayan verificado obligatoriamente en virtud de las funciones
que le están asignadas por razón de su cargo y sin iniciativa por su parte.
(…)
l) Haberse opuesto de manera activa al Movimiento Nacional.
(…)
n) Haber salido de la zona roja después del Movimiento y permanecido en el
extranjero más de dos meses, retrasando indebidamente su entrada en territorio nacional
(…)
q) Haber adoptado en el desempeño del cargo de presidentes, consejeros o
gerentes de Sociedades y Compañías, de manera voluntaria y libre, acuerdos de ayuda
económica al Frente Popular o a partidos o entidades incluidos en el artículo segundo, o
para propaganda, o para empresas periodísticas de dicho ideario, o para los gastos
electorales de las elecciones de mil novecientos treinta y seis, o para los Gobiernos rojos,
o rojo-separatistas.
Fuente: CASANOVA, Julián (2007): República y guerra civil, Barcelona, Crítica
pp. 492-497.
Bibliografía
BAHAMONDE, Ángel y CERVERA, Javier (2000): Así terminó la guerra civil,
Madrid, Marcial Pons.
BEEVOR, Antony (2005): La guerra civil española. Barcelona, Crítica.
CASANOVA, Julián (2007): República y guerra civil, Barcelona, Crítica.
GRAHAM, Helen (2006): La República española en guerra. (1936-1939),
Barcelona, R, H. Mondadori.
PAYNE, S. (2005): El colapso de la república. Madrid, La Esfera de los libros.
SCICOLONE, Anna (2015): Historias en la historia: la guerra civil española
vista por los noticiarios cinematográficos franceses, españoles e italianos, Madrid, CSIC.
VIÑAS, Ángel (2019): ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una
conspiración. Barcelona, Crítica.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA – TEMA 5 - LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936). (guadahumi4)



TEMA 5 


LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936). 

La II República se proclamó el 14 de abril de 1931. Primero en Eibar, luego en Barcelona y, finalmente en Madrid, cuando el Comité Revolucionario se hizo cargo del poder. El cambio de
régimen fue consecuencia inmediata de la los resultados de las elecciones municipales de 12 de abril, cuando los republicanos obtuvieron la victoria aplastante en las capitales de provincia,
pero la razón última fue la crisis política que la Dictadura de Primo de Rivera había sumido a la monarquía de Alfonso XIII.


1. EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1931.

1. Formación y composición del gobierno Provisional.

Tras el resultado de las elecciones del 12 de abril, la revolución popular y pacífica cuajó en el traspaso de poderes a un Gobierno Provisional el 14 de abril, después de haber negociado
la salida urgente del monarca. La composición reflejaba los acuerdos que, desde el pacto de San Sebastián, habían ido forjando los partidos republicanos e incluía antiguos monárquicos liberales
(Alcalá Zamora, Presidencia; M. Maura, Gobernación) y líderes sindicales (Largo Caballero, Trabajo). En conjunto había tres ministros socialistas, dos del Partido Republicano Radical, dos
del Partido Republicano Radical Socialista, y uno de los partidos: Acción Republicana (M Azaña, Guerra), ORGA y Partido Catalanista Republicano. 

La primera actuación del gobierno Provisional fue un decreto para dotar de legitimidad al régimen, dejando claro su carácter transitorio y cuya acción se sometería a las Cortes Constituyentes.

2. Primeros decretos y reformas. 

Las primeras medidas del gobierno desvelan las piezas
maestras del reformismo y los grandes proyectos que se desarrollaron después de aprobada la constitución. Las principales líneas de actuación fueron las siguientes:
Reformismo social. El nuevo ministro de trabajo, Largo Caballero, promulgó una legislación de carácter social, como el Decreto de Términos Municipales, que daba prioridad a la contratación de braceros del municipio, la jornada de ocho horas, el laboreo forzoso de tierras, el seguro de accidentes en el campo y la Ley de Jurados Mixtos. Escuela para todos. Un decreto de 12 de unió creó siete mil escuelas nuevas y otras tantas plazas de maestros; se crearon también las misiones pedagógicas, para difundir la cultura
en el medio rural, se creó igualmente el Consejo de Enseñanza y se reformaron las Escuelas Normales para la formación de maestros. Antes, se había eliminado la obligatoriedad de la religión en las escuelas. Este decreto, que no pretendía ser anticlerical, fue entendido en algunos sectores religiosos como un atentado contra la religión.

La modernización del ejército era el objetivo perseguido por M. Azaña como ministro de guerra. Sendos decretos establecieron la obligatoriedad de jurar fidelidad a la República y las normas para el retiro voluntario de generales, jefes y oficiales, como paso previo a la reorganización de un ejército macrocéfalo; la premura del tiempo –30 días- y la amenaza de destitución sin beneficio al personal sobrante, provocó críticas al gobierno. Además, se
suprimieron la Academia General de Zaragoza y las Capitanías Generales. Algunos militares empezaron a trasformar los recelos en una campaña de oposición a la República.

El acoplamiento territorial. En Barcelona, F. Maciá, líder de Esquerra, proclamó la República catalana como Estado que se integraría en una Federación de pueblos ibéricos, sin
esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes. El gobierno tuvo que gestionar un acuerdo, con la creación de la Generalitat, órgano autónomo dentro de la República Española y el compromiso de elaborar un Proyecto de Estatuto que sería sometido a referéndum en Cataluña y a la aprobación de las Cortes Constituyentes.
La cuestión religiosa. A pesar de las declaraciones formales de aceptación del régimen por parte del Vaticano, un sector de la jerarquía eclesiástica, encabezado por el cardenal Segura,
primado de España, tomó una postura beligerante contra la República antes siquiera de que el gobierno decretara medida alguna. Asociaba el derecho a la libertad de culto y la supresión de
la obligatoriedad de la religión en la escuela como medidas antirreligiosas y anticlericales. En este contexto, cobran sentido los disturbios provocados tras la inauguración del Círculo
Monárquico de Madrid, seguidos por una secuencia de quema de iglesias y conventos en la capital. La acción tardía e inoperante de las fuerzas de orden público, a pesar de las tajantes
órdenes del ministro (M. Maura), aceleró el deterioro de las relaciones Iglesia-Estado, que culminó con la expulsión del cardenal Segura y del obispo de Vitoria.

3. Elecciones a Cortes Constituyentes.

El gobierno Provisional convocó elecciones a Cortes el 28 de junio, pero modificando la ley electoral de Maura (1907). Se rebajó la edad para votar desde los 25 a los 23 años, se sustituyó el distrito unipersonal por el provincial, aunque se mantuvieron los distritos de las grandes ciudades, candidaturas de listas abiertas y un sistema que favorecía a las mayorías, que ocupaban el 80%de los escaños.
Los resultados electorales dieron una aplastante victoria a la conjunción republicanosocialista que estaba en el gobierno, que obtuvo el 90% de los escaños. La distribución de los escaños por partidos era, no obstante, diversa. El PSOE obtuvo 114 diputados, 89 el Partido Radical de A. Lerroux, Partido Republicano Radical Socialista, 55; Esquerra Republicana de Cataluña, 36. Otros partidos representados fueron, Acción Republicana (30), Derecha Liberal
(22) y ORGA. (16) Las Cortes se abrieron el 14 de julio. Julián Besteiro, del PSOE, fue elegido presidente de las mismas y el gobierno Provisional se sucedió a sí mismo, como expresó su
presidente, Alcalá Zamora, pero amparado en la legitimidad otorgada en las urnas. La primera tarea de las Cortes sería elaborar la Constitución.

4. La Constitución de 1931.

El nuevo texto constitucional fue elaborado con la máxima celeridad por una comisión presidida por el socialista Jiménez de Assúa. En el proceso de debates, comenzaron a abrirse las primeras grietas en la mayoría gubernamental. Los grandes temas de debate fueron la cuestión religiosa, la organización territorial del Estado, es decir, la cuestión catalana, la definición misma de la República, el derecho de propiedad y la intervención del Estado y el sufragio femenino. La
constitución se aprobó el 9 de diciembre de 1931.

La Constitución republicana tenía por objetivo construir un régimen democrático, que no sólo reconociera los derechos y libertades individuales, sino que diera cabida a servicios propios de un Estado social de Derecho, inspiradas en la Constitución de Weimar.
Se regula de forma precisa medidas de protección social y cultural de los ciudadanos y se concede prioridad a los derechos del Estado sobre los individuales, en materia de interés público.
Se amplía el derecho de voto a la mujer, lo que refleja esta voluntad republicana de constituir un verdadero régimen democrático.
En el artículo 1º se define a España como una república democrática de trabajadores de toda clase.

Un régimen parlamentario para una nueva división de poderes. La constitución privilegiaba el poder legislativo sobre los demás. Las cortes eran unicamerales, con capacidad para iniciativa legislativa. Los gobiernos debían lograr la confianza del Parlamento.

- Los posibles conflictos entre poderes se confiaban al Tribunal de Garantías Constitucionales.

- El presidente de la República, de elección indirecta, carecía del poder moderador del monarca, pero tuvo gran importancia en la vida política del régimen, ya que podía intervenir a través de su derecho de veto en la elección de los candidatos a presidentes de gobierno.
La separación Iglesia-Estado. La política religiosa de la República quedó recogida en los artículos 26 y 27 de la Constitución, cuya redacción originó un fuerte debate parlamentario. El objetivo era lograr una sociedad secularizada.

En esta línea, se aprobó la libertad de cultos y el matrimonio civil, se prohibió ejercer la enseñanza a las congregaciones religiosas y se suprimió la Compañía de Jesús.

La cuestión religiosa se convirtió en uno de los ejes de la política republicana, sobre todo por la capacidad de organización la Iglesia, a través de la prensa (El Debate), organizaciones sindicales agrarias (CONCA) y partidos políticos (CEDA).
Una nueva organización territorial. El modelo de organización territorial del Estado también quedó expresado en al artículo 1º, al decir “la República se constituye en Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y Regiones”. Esta fórmula trataba de
resolver el viejo debate histórico entre un Estado unitario y un Estado federal, que hundía sus raíces en la forma de construcción del Estado liberal en el siglo XIX, ahora con la urgencia política
que suponía la iniciativa de la Generalitat de Cataluña de haber redactado y aprobado en referéndum un Estatuto de Autonomía antes de la discusión del texto constitucional.

2 EL BIENIO DE GOBIERNOS DE AZAÑA

La constitución, aunque fue aprobada por amplia mayoría, no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas e hizo más evidentes las profundas discrepancias entre la izquierda y
la derecha, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y autonómica. La aprobación de los artículos religiosos provocó la dimisión de los sectores católicos del gobierno y del mismo
presidente del Gobierno Provisional, pero Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República por todos los grupos políticos que formaban el gobierno y encargó la formación de uno nuevo a
Manuel Azaña. De este modo comenzó el Bienio Reformista (1931-1933), periodo en el que el
gobierno estuvo integrado por republicanos de izquierda y socialistas que llevaron a cabo una ampliación y profundización de las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional, con el fin de desarticular como formas de poder los obstáculos tradicionales: la Iglesia, el ejército y la nobleza. 

1. En primer lugar, llevó a cabo una reforma del ejército, iniciada por Azaña desde la cartera de Guerra durante el Gobierno Provisional, con el fin de crear un ejército profesional y
democrático. Para ello, había que reducir los efectivos militares, acabar con la macrocefalia y asegurar la obediencia de los militares al poder civil. A estos fines se fijó la Ley de retiro de la
oficialidad, por la que todos los militares en activo debían prometer su adhesión al régimen, concediéndoles la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro. Además, se suprimieron, como
se ha indicado, algunos rangos tradicionales, se redujo el número de unidades y oficiales y se cerró la Academia Militar de Zaragoza, para frenar el crecimiento innecesario del número de
oficiales. Se clausuraron las Capitanías Generales y también desaparecieron los Tribunales de Honor y el Consejo Supremo de Justicia Militar, así como la prensa destinada exclusivamente al
ejército. Esta reforma no logró sus objetivos porque se retiraron menos oficiales de los que se esperaba y la reducción del presupuesto de defensa dificultó la modernización del material.
Algunos militares mostraron su oposición a estas reformas (golpe de Sanjurjo).

2. En segundo lugar, se llevó a cabo una reforma religiosa, que pretendía limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la vida social. Ya la Constitución admitía la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero, pero ahora se disolvió la orden de los jesuitas y se promulgó la Ley de Congregaciones, que limitó la posesión de bienes de las ordenas religiosas y preveía la posibilidad de disolución de las mismas. Esta
reforma causó los mayores enemigos al régimen, pues los sectores católicos la consideraban una agresión a la religión.

3. Otra reforma que se llevó a cabo fue la reforma agraria, que pretendía poner fin al atraso de la agricultura española y mejorar la situación de los campesinos. Se llevó a cabo mediante la Ley de Reforma Agraria (1932), cuyo objetivo era la expropiación de los latifundios y el asentamiento de campesinos. La ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza, mientras las que estaban cultivadas de manera deficiente, las arrendadas o las que pudiendo ser regadas no lo estaban, se podían expropiar, pero indemnizando a sus propietarios. Los resultados de esta reforma fueron limitados debido a la
complejidad técnica de la ley, a la lentitud de su puesta en práctica y a la resistencia de los propietarios, lo que conllevó una gran tensión entre campesinos y propietarios. Como consecuencia, se produjeron ocupaciones ilegales de tierras por parte de los campesinos, lo que
ocasionó conflictos. El más famoso fue el de Casas viejas, en Cádiz, que fue reprimido brutalmente y trajo consecuencias políticas más adelante.

4. También se practicaron reformas en el terreno social y educativo, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los obreros (Ley de Contratos de Trabajo) y de acabar con la hegemonía de la Iglesia en la enseñanza religiosa, adoptando un modelo de escuela mixta,
laica, obligatoria y gratuita. La República hizo un gran esfuerzo en este sentido, aumentando un 50% el presupuesto de Educación y creando miles de escuelas, plazas de maestros y bibliotecas.
5. En la cuestión de las autonomías, se llevaron a cabo reformas en Cataluña, el País Vasco y Galicia. En Cataluña, tras la frustrada proclamación de la República Catalana, se reconoció un gobierno autónomo (La Generalitat), y en 1932 se aprobó un Estatuto de
Autonomía de Cataluña, que otorgaba un gobierno y un parlamento propios con competencias en materia económica, social, educativa y cultural, además de la cooficialidad del catalán. Las elecciones dieron la presidencia de la Generalitat a Maciá y tras su muerte fue sustituido por Companys. En el País Vasco, carlistas y nacionalista del PNV aprobaron en junio de 1931 un proyecto de estatuto (Estatuto de Estella) de carácter tradicionalista, pero la oposición del
republicanismo de izquierda y de los socialistas impidió su aprobación hasta que, en octubre de 1936, ya iniciada la guerra, se aprobara uno nuevo, fruto del consenso político. José Antonio
Aguirre fue elegido Lehendakari. En Galicia, en junio de 1936 se presentó a las Cortes un Proyecto de Estatuto que nunca llegó a ser aprobado debido al estallido de la guerra civil.

6. Todas estas reformas suscitaron la oposición de los sectores más afectados (Iglesia, propietarios, Ejército, patronal…) que, unida a la impaciencia de los trabajadores frente a las reformas, promovieron una oleada de conflictividad. Incluso, en agosto de 1932, se produjo un intento de golpe de Estado protagonizado por el general Sanjurjo, que fracasó. Esto dañó gravemente la imagen de Azaña, que decidió dimitir, y Alcalá Zamora disolvió las Cortes y
convocó elecciones para noviembre de 1933.

3. EL BIENIO RADICAL-CEDISTA Y EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR.

1. La reorganización de las derechas. 
La oposición al periodo reformista de Azaña, que se encontraba desunida hasta entonces, decidió organizarse y presentarse a las elecciones, con el fin de acabar con las reformas agraria, militar, religiosa y de orden público. Así se creó la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), un partido de la derecha católica dirigido por José María Gil robles. No fue bien acogido por los republicanos, pues contaba con monárquicos en sus filas. Además, en pleno surgimiento de totalitarismos europeos, en España aparecieron partidos fascistas como la Falange Española o las JONS (Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas).

2. Elecciones de 1933 y el nuevo gobierno. 

Las elecciones de 1933 otorgaron a la CEDA un importante triunfo, pero sin llegar a la mayoría en el Parlamento, por lo que, para gobernar, tuvo que pactar con el Partido Radical de A. Lerroux. Lerroux ocupó la presidencia hasta abril de 1934, ya que Alcalá Zamora se negó a entregar el poder a Gil Robles, al no reconocer éste la República. El nuevo gobierno procedió a paralizar las reformas llevadas a cabo durante el periodo anterior: en el campo se frenó la reforma agraria, fijando la devolución de tierras a la
nobleza, anulando la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos y concediendo libertad de contratación.

En Cataluña esto supuso un conflicto entre la Generalitat y el gobierno central, debido a la promulgación de la ley de contratos de Cultivos, que permitía a los campesinos arrendatarios de las viñas acceder a la propiedad de las tierras, pagando unos precios tasados a los propietarios. El Tribunal de Garantías Constitucionales la declaró inconstitucional y la anuló, pero la Generalitat volvió a aprobar otra ley prácticamente igual a la anterior. En el País Vasco
también se dio un conflicto con el gobierno central en materia autonómica, pues se paralizó el Proyecto de Estatuto impulsado por el PNV.

La reforma religiosa fue contrarrestada al dotar de un presupuesto para el culto y clero y al firmar un concordato con el Vaticano. No obstante, la reforma militar y la educativa siguieron vigentes.

La parálisis de las reformas tuvo como consecuencia la radicalización del PSOE y de la UGT, que pronto conocieron a este periodo como Bienio Negro. Los más izquierdistas, liderados
por Largo Caballero, reclamaban una revolución social, mientras que el sector más moderado, al mando de Indalecio Prieto, defendían la estabilización de la República y la continuación del proceso reformista. El enfrentamiento de estos grupos con el poder central llevó a la CEDA a endurecer su posición previa en materia de orden público y a reclamar la participación directa en el gobierno. De este modo, Lerroux otorgó tres carteras ministeriales a la CEDA el cinco de octubre de 1934.

Esto no hizo más que empeorar la situación, pues la izquierda entendió la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno como un intento de Gil Robles de acabar con la República desde dentro y por medios legales. Pronto se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades como medio para defender la democracia republicana y el reformismo social, que fracasaron en su mayor parte, aunque en Asturias y Cataluña tuvieron especial relevancia.

3. Revolución de octubre de 1934. 

En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social: ocuparon los pueblos, tomaron los cuarteles de la guardia civil, sustituyeron los ayuntamientos por comités revolucionarios y sitiaron Oviedo, dispuestos a enfrentarse con las fuerzas de orden público y a defender la revolución. La respuesta del gobierno central fue el
envío de la Legión, coordinada por el general F. Franco, que en 10 días consiguió derrotar a todos los insurrectos, dejando un balance cruento, con más de un millar de muertos entre los mineros,
2.000 heridos y 5.000 detenidos.

En Cataluña la revuelta tuvo un carácter más político y su objetivo fue evitar la formación de un gobierno de derechas. Companys proclamó la República Catalana el 6 de octubre, mientras una alianza de fuerzas obreras organizaba una huelga general que fracasó. El gobierno central declaró el estado de guerra y el ejército ocupó el palacio de la Generalitat.

Tanto el gobierno de la Generalitat como el pleno del Ayuntamiento fueron suprimidos, se suspendió la autonomía catalana y se anuló la Ley de Contratos de Cultivos.

La revolución de octubre tuvo importantes consecuencias: la influencia de la CEDA en el gobierno aumentó y su política se volvió más reaccionaria. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se devolvieron las propiedades a los jesuitas y se nombró a Gil Robles ministro de Guerra y a Franco Jefe del Estado Mayor. La influencia de la CEDA se tradujo en un anteproyecto para modificar la Constitución que nunca llegó a aprobarse a causa de la crisis de 1935. Esta crisis fue debida a la falta de entendimiento entre Alcalá Zamora y Lerroux, así como a una serie de escándalos de corrupción en los que el Partido Radical se vio envuelto (el caso
estraperlo o los casos de malversación de fondos). La situación provocó un relevo en el poder, y Gil robles intentó que se le nombrara presidente para poder aplicar su política sin trabas, pero
Alcalá Zamora se negó a darle el poder y convocó elecciones para febrero de 1936.

4. Elecciones de 1936 y triunfo del Frente Popular.

La política represiva de la CEDA tras la revolución de octubre hizo que socialistas,  republicanos de centro-izquierda, comunistas y disidentes del POUM unieran sus fuerzas en el llamado Frente Popular, con un programa político que defendía el regreso a las reformas del primer bienio y la concesión de una amnistía para los encarcelados tras la revolución de octubre.

Los anarquistas decidieron no entrar en el pacto, pero recomendaron a sus simpatizantes votar por el Frente Popular para conseguir la libertad de sus militantes encarcelados.

Por el contrario, la derecha se presentó desunida a las elecciones (CEDA, Monárquicos, tradicionalistas…), y no logró confeccionar una candidatura única para toda España ni redactar un programa electoral consensuado. De este modo, la victoria electoral fue para el Frente Popular, aunque no fue holgada (48% para la izquierda frente al 46% para la derecha). Las nuevas Cortes destituyeron a Alcalá Zamora y nombraron a Manuel Azaña presidente de la República y a Casares Quiroga del ejecutivo. El gobierno puso rápidamente en marcha el programa pactado:
se decretó una amnistía y se obligó a las empresas a readmitir a obreros despedidos a raíz de las huelgas de octubre de 1934. Se reanudó asimismo el proceso reformista: proyecto para la
devolución de bienes comunales a los municipios y se reanudaron los asentamientos de campesinos. El gobierno de la Generalitat volvió al poder y se restableció el Estatuto de Autonomía catalán, al tiempo que se iniciaron los proyectos de los estatutos vasco y gallego.

Para frenar los rumores golpistas se apartó del poder a los generales más conflictivos (Franco, a Canarias; Mola, a Navarra).
Se creó un ambiente de tensión social, pues mientras los sectores más conservadores se opusieron a los proyectos reformadores, los partidos de izquierda y sindicatos, esperanzados con las perspectivas del cambio, se lanzaron a una movilización popular. Dentro de la derecha, cobró protagonismo la Falange Española, que fomentó un clima de enfrentamiento civil, crispación política y violencia. Los enfrentamientos entre derechistas e izquierdistas se
generalizaron y el desorden público y la violencia callejera eran hechos presentes en las grandes ciudades. Gran parte de la derecha estaba dispuesta a romper con una República en la que –
decía- la violencia primaba sobre el cumplimiento de la ley. Una parte de los mandos del ejército, coordinados por Mola, participaban en la conspiración contra el gobierno del Frente Popular y
establecían alianzas con grupos civiles y potencias fascistas. La sublevación estalló en julio de 1936 y dio comienzo una larga guerra civil.

TEXTOS.

MANUEL AZAÑA: EL PROBLEMA RELIGIOSO.
Me refiero a esto que llaman el problema religioso. La premisa de este problema, hoy
político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica. El problema político
consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e
histórica del pueblo español.
Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El
problema religioso no puede exceder los límites de la conciencia personal, porque es en la
conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro
destino. Este es un problema político, de constitución del Estado, y es ahora precisamente
cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro
Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la tutela de las conciencias (…)
incluso contra su voluntad, por el camino de la salvación, excluye toda preocupación ultra
terrena (…) Se trata simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que
acabo de establecer (…)
Durante muchos siglos, la actividad especulativa del pensamiento europeo se hizo
dentro del cristianismo, el cual tomó para sí el pensamiento del mundo antiguo y los adaptó con
más o manos fidelidad y congruencia a la fe cristiana; pero también desde hace siglos el
pensamiento y la actividad especulativa de Europa han dejado, por lo menos, de ser católicos.
(…). Que haya en España millones de creyentes, yo no lo discuto; pero lo que da el ser religioso
de un país, de un pueblo, de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes,
sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura.
Manuel Azaña, Discurso en las Cortes constituyentes. 13 de octubre de 1931.
CONSTITUCIÓN DE LA II REPÚBLICA.
Art. 1º. España es una República democrática de trabajadores de toda clase que se
organiza en régimen de libertad y justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los
Municipios y las Regiones.
Art. 3º El Estado no tiene religión oficial.
Art. 6º España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
Art. 8º El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará
integrado por municipios mancomunados en provincias y por regiones que se constituyen en
régimen de autonomía.
Art. 13º En ningún caso se admite la federación de regiones autónomas.
Art. 26º Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones
sometidas a una ley especial (…).
Las demás Órdenes religiosos se someterán a una ley especial votada por estas Cortes
Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases:
1ª Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad
del Estado (…).
4ª Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
Art. 27º La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente
cualquier religión quedan garantizados en todo el territorio español.
Art. 38º Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente. (…)
Art. 39º Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente. (…)
Art. 81º El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante
su mandato cuando lo estime necesario (…)
En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y
resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la
mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del Presidente.
(Texto aprobado el 9 de diciembre de 1931).
JOSÉ ORTEGA Y GASSET: “¡NO ES ESTO, NO ES ESTO!”
Desde que sobrevino el nuevo régimen no he escrito una sola palabra que no fuese para decir
directa o indirectamente esto: ¡No falsifiquéis la República! ¡Guardad su originalidad! ¡No
olvidéis ni un instante cómo y por qué advino! En suma: autenticidad, autenticidad...
Con esta predicación no proponía yo a los republicanos ninguna virtud superflua y de
ornamento. Es decir, que no se trata de dos Repúblicas igualmente posibles -una, la auténtica
española, otra, imaginaria y falsificada- entre las cuales cupiese elegir. No: la República en
España, o es la que triunfó, la auténtica, o no será. Así, sin duda ni remisión.
¿Cuál es la República auténtica y cuál la falsificada? ¿La de «derecha», la de «izquierda»?
Siempre he protestado contra la vaguedad esterilizadora de estas palabras, que no responden
al estilo vital del presente -ni en España ni fuera de España. (...) No es cuestión de «derecha» ni
de «izquierda» la autenticidad de nuestra República, porque no es cuestión de contenido en los
programas. El tiempo presente, y muy especialmente en España, tolera el programa más
avanzado. Todo depende del modo y del tono. Lo que España no tolera ni ha tolerado nunca es
el «radicalismo» -es decir, el modo tajante de imponer un programa-. Por muchas razones, pero
entre ellas una que las resume todas. El radicalismo sólo es posible cuando hay un absoluto
vencedor y un absoluto vencido. Sólo entonces puede aquél proceder perentoriamente y sin
miramiento a operar sobre el cuerpo de éste. Pero es el caso que España -compárese su historia
con cualquier otra- no acepta que haya ni absoluto vencedor ni absoluto vencido.
(...) Pero en esta hora de nuestro destino acontece, además, que ni siquiera ha habido
vencedores ni vencidos en sentido propio, por la sencilla razón de que no ha habido lucha, sino
sólo conato de ella. Y es grotesco el aire triunfal de algunas gentes cuando pretenden fundar la
ejecutividad de sus propósitos en la revolución. Mientras no se destierre de discursos y artículos
esa «revolución» de que tanto se reclaman y que, como los impuestos en Roma, ha comenzado
por no existir, la República, no habrá recobrado su tono limpio, su son de buena ley. Nada más
ridículo que querer cobrar cómodamente una revolución que no nos ha hecho padecer ni nos
ha costado duros y largos esfuerzos. Son muy pocos los que, de verdad, han sufrido por ella, y
la escasez de su número subraya la inasistencia de los demás. Una cosa es respetar y venerar la
noble energía con que algunos prepararon una revolución y otra suponer que ésta se ha
ejecutado. Llamar revolución al cambio de régimen acontecido en España es la tergiversación
más grave y desorientadora que puede cometerse. Lo digo así, taxativamente, porque es ya
excesiva la tardanza de muchas gentes en reconocer su error, y no es cosa de que sigan
confundidos lo ciegos con los que ven claro. Se hace urgentísima una división de actitudes para
que cada cual lleve sobre sus hombros la responsabilidad que le corresponde y no se le cargue
la ajena.
Las Cortes constituyentes deben ir sin vacilación a una reforma, pero sin radicalismo -esto es,
sin violencia y arbitrariedad partidista-. En un Estado sólidamente constituido pueden, sin riesgo
último, comportarse los grupos con cierta dosis de espíritu propagandista; pero en una hora
constituyente eso sería mortal. Significaría prisa por aprovechar el resquicio de una situación
inestable, y el pueblo español acaba por escupir de sí a todo el que «se aprovecha». Lo que ha
desprestigiado más a la Monarquía fue que se «aprovechase» de los resortes del Poder Público
puestos en su mano. Una jornada magnífica como ésta, en que puede colocarse holgadamente
y sin dejar la deuda de graves heridas y hondas acritudes, al pueblo español frente a su destino
claro y abierto, puede ser anulada por la torpeza del propagandismo.
Yo confío en que los partidos (...) no pretenderán hacer triunfar a quemarropa, sin lentas y
sólidas propagandas en el país, lo peculiar de sus programas. La falsa victoria que hoy, por un
azar parlamentario, pudieran conseguir caería sobre la propia cabeza. La historia no se deja
fácilmente sorprender. A veces lo finge, pero es para tragarse más absolutamente a los
estupradores.
Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron con el advenimiento de la República con
su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora
entre desasosegados y descontentos: “¡No es esto, no es esto!”
La República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Si no, al tiempo
 ORTEGA Y GASSET, J. : “¡No es esto, no es esto!” en Crisol, 9 de septiembre de 1931
EL ESTATUTO DE CATALUÑA (1932).
Artículo 1. Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español con
arreglo a la Constitución de la República y el presente Estatuto.
Artículo 2. El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña (…) Toda
disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña, deberá ser publicada en ambos
idiomas.
Artículo 7. La Generalidad de Cataluña podrá crear y sostener lo centros de enseñanza
en todos los grados y órdenes que estime oportunos (…). La Generalidad se encargará de los
servicios de bellas artes, museos, bibliotecas, conservación de monumentos y archivos (…).
Artículo 8. En materia de orden público queda reservado al Estado (…) todos los servicios
de seguridad pública en Cataluña en cuanto de carácter extrarregional o suprarregional, la
policía de frontera, inmigración, emigración, extranjería y régimen de extradición y expulsión.
Corresponderán a la Generalidad todos los demás servicios de policía y orden interiores en
Cataluña (…).
Artículo 12. Corresponderá a la Generalidad de Cataluña la legislación exclusiva y la
ejecución directa de las funciones siguientes: a) La legislación y ejecución de ferrocarriles,
caminos, canales, puertos y demás obras públicas de Cataluña, (…).
Artículo 14. La Generalidad estará integrada por el Parlamento, el presidente de la
Generalidad y el Consejo Ejecutivo (…) El Parlamento, que ejercerá las funciones legislativas,
será elegido por un plazo no mayor de cinco años, por sufragio universal, directo, igual y secreto.
(…) El presidente de la Generalidad será elegido por el Parlamento de Cataluña (…). El presidente
y los consejeros de la Generalidad ejercerán las funciones ejecutivas y deberán dimitir de sus
cargos en caso de que e Parlamento les negara de un modo explícito su confianza.
Gaceta de Madrid (21 de septiembre de 1932).
LA REFORMA AGRARIA.
Puede, pues, calcularse que la riqueza agropecuaria aumentará en más de 1.500
millones de pesetas anuales en cuanto se haya efectuado la reforma agraria, y esta riqueza se
traducirá en una demanda de productos industriales, una actividad comercial y de toda índole,
que supondrá otra cantidad análoga por lo menos; así es que estamos seguros de que esta gran
empresa se traducirá dentro de pocos años en un aumento de la riqueza nacional de más de
3.000 millones de pesetas anuales.
En cuanto a los beneficios sociales, no hay que ponderar lo que supone que tengan
ocupación todos los obreros agrícolas de esas provincias y puedan llevar una vida modesta, pero
que cubra sus necesidades y les permita ser verdaderamente libres.
El bienestar y la tranquilidad se extenderán por estas regiones hoy tan agitadas; la
cultura podrá difundirse entre las clases obreras, y una prosperidad y bienestar sustituirá a la
actual de miseria y estancamiento.
Ésas serán las consecuencias de la reforma agraria que tanto combaten las clases
adineradas. A la vista de este porvenir, deben reflexionar las personas sensatas y de buena fe
de nuestra patria y convencerse de la necesidad de ayudar con todo entusiasmo a esta hermosa
empresa. La República se ha preocupado desde el primer momento de ella (…). Interesa ahora
no descuidarla ni un momento porque el porvenir político social de nuestra nación depende en
gran parte de esta magna reforma, cuyo éxito deseamos vivamente.
Pascual CARRIÓN: Los latifundios de España (1932).
LOS ANARQUISTAS ANTE LA REPÚBLICA EN 1931.
Estamos frente a las Cortes Constituyentes, como estamos frente a todo poder que nos
oprima. Seguimos en guerra abierta contra el Estado. Nuestra misión, sagrada y elevada misión,
es educar al pueblo, para que éste comprenda la necesidad de sumarse a nosotros con pleno
estado de conciencia y establecer nuestra total emancipación por medio de la revolución social.
Fuera de este principio, que forma parte viva de nuestro propio ser, no sentimos temor en
reconocer que tenemos el deber ineludible de señalar al pueblo un plan de reivindicaciones
mínimas, que ha de exigir, creando su propia fuerza revolucionaria.
Actas del congreso de la CNT (junio de 1931).
PROGRAMA DEL FRENTE POPULAR (1936)
Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido
Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores. Federación
Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de
Unificación Marxista , sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado
a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus
respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de
desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso
de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política y.
además, la ofrecen a consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras por
si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar en tales
condiciones el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones
generales de diputados a Cortes (...).
BIBLIOGRAFÍA.
- CASANOVA, Julián (2007): República y guerra civil, Barcelona, Crítica.
- GIL PECHARROMÁN, Julio (2006): Historia de la Segunda República Española (1931-
1936), Madrid, Biblioteca Nueva.
- GRAHAM, Helen (2006): La República española en guerra. (1936-1939), Barcelona,
Debate.
- JACKSON, Gabriel (1976): La República y la guerra civil, Barcelona, Crítica.
- PAYNE, Stanley (2005): El colapso de la Segunda República. Los orígenes de la Guerra
Civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los libros.
- PRESTON, Paul (1998): Las tres Españas del 36, Barcelona, Plaza & Janés Editores.
- VIÑAS, Ángel y HERNÁNDEZ, Fernando (2009): El desplome de la República, Barcelona,
Crítica